“El proceso bolivariano tiene su inspiración en la revolución cubana”, ésa es una de las frases más escuchadas desde hace casi 13 años. Los vínculos ideológicos están presentes en todas las referencias al gobierno venezolano.
El ascendente de los Castro ha permeado todo el discurso del llamado Socialismo del Siglo XXI. Sin embargo, los críticos de ambos gobiernos señalan que tanta parafernalia revolucionaria, tanta altisonancia antiimperialista son sólo una fachada que esconde pingües negocios poco cónsonos con los discursos de igualdad social, frecuentes en estos tiempos. 
De hecho, desde hace años se vienen denunciando los guisos conjuntos entre funcionarios de ambos gobiernos en perjuicio del patrimonio venezolano.
Comienzan los negocios
El 30 de octubre de 2000 ambos gobiernos firmaron un convenio de cooperación que, entre otros aspectos, obliga a Venezuela a entregar 53 mil barriles diarios de petróleo, o productos derivados, a precios y condiciones de pago mucho más beneficiosos que los convenios del mismo tenor firmados con otros países de Centroamérica y el Caribe ese mismo año.
El volumen de crudo, los precios preferenciales, la forma de entrega y la cómoda financiación (25% se paga con un financiamiento a 15 años, al 2% de interés anual, con dos años de gracia) permiten establecer que durante 10 años, 265 pozos venezolanos estarán trabajando 24 horas diarias para extraer dicho petróleo, y por los precios negociados, 66 pozos le resultarán gratuitos a la República de Cuba.
Son incontables e inauditables las empresas formadas al amparo del convenio de 2000, según el diputado por Proyecto Venezuela, Carlos Berrizbeitia.
Lo que iba a hacer una ayuda petrolera se ha convertido, según se ha denunciado, en un andamiaje de negocios de todo tipo y naturaleza, que ha destapado un sin fin de ollas podridas, como la comida de PDVAL y las medicinas vencidas destinadas al consumo del pueblo venezolano.
Son tan grandes los escándalos que hasta la misma fiscalía cubana, muy afín a esconder las andanzas económicas de los Castro y su entorno, no tuvo más remedio que detener e interrogar a varios funcionarios de ese país por posibles hechos de corrupción en ETECSA, monopolio estadal de telecomunicaciones que administra el cable submarino venezolano. Cabe destacar que dicho convenio tuvo un costo de $70 millones y fue financiado por el presidente Hugo Chávez como parte de la integración de Cuba a su movimiento regional, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.
ALIMENTOS
Las irregularidades en PDVAL salieron a la luz pública cuando en el 2008 hallaron más de 3.500 contenedores con comida dañada, principalmente en el puerto de Puerto Cabello, de lo cual tenía conocimiento Luis Pulido, ex presidente de la cadena, quien en la actualidad está detenido y acusado de corrupción.
La diputada de la Asamblea Nacional por Caracas, Dinorah Figuera, en reiteradas oportunidades ha denunciado la ineficiencia de los organismos competentes para sentenciar a los responsables de este hecho luego del hallazgo de esos conteiners. “Las instituciones del Estado han hecho caso omiso a investigar a fondo sobre ‘pudreval’, las instituciones del gobierno se niegan en abrir un debate sobre el grado del daño que se le ha hecho al patrimonio del país”.
No sólo factores de la oposición, sino seguidores del proceso revolucionario agrupados en la Asociación Civil Anticorrupción Popular Organizada (AIPO) elaboraron un informe a finales de 2008 donde revelan la existencia de una “red de corrupción” dentro de PVDAL. Esa distribuidora de alimentos compró productos con sobreprecio por más de US$70 millones. Adicionalmente, denunciaron, para ese entonces, “una mafia de alimentos” y “tráfico de influencias”, consentidas por el ex presidente de PDVAL, que promovía “preferencias en las contrataciones por las empresas de Fernández Berrueco”, quien posteriormente fue encarcelado a finales de 2009 por presunta corrupción y diversos delitos financieros relacionados con los bancos intervenidos en el país.
SALUD
El Estado venezolano ha sostenido la tesis según la cual la retribución económica del Gobierno cubano por el envío de barriles de petróleo venezolano se equilibra con la ayuda de Cuba que recibe nuestro país en servicios de salud. El ex dirigente petrolero, Horacio Medina, denunció que el costo del servicio médico prestado a Venezuela, comparado con los miles de millones de dólares de los barriles petroleros no está ajustado a la realidad.
Por otro lado, el fallecido Contralor Clodosbaldo Russián emitió un informe en marzo de 2011 donde se señala que “se efectuaron adquisiciones de productos farmacéuticos a la República de Cuba sin ningún tipo de planificación y, por ende, de medicamentos no requeridos por los centros de salud a nivel nacional”, luego de la quema de miles de kilos de fármacos en el país.
Entre 2008 y 2009 el Servicio Autonómico de Elaboraciones Farmacéuticas de Venezuela (SEFAR) incineró 566.590 kilos de productos farmacéuticos cubanos caducados por una mala gestión en su manejo, generando además un costo 1,2 millones de bolívares (unos 280.000 dólares).
El informe también menciona problemas en el cumplimiento de los acuerdos firmados con Cuba en 2005 por valor de 1.300 millones de bolívares (unos 678.000 dólares entonces), pues llegaron desde la isla medicamentos que no se correspondían con los requerimientos y otros en mayores cantidades de lo solicitado.
La Contraloría recomendó planificar y programar la adquisición de medicamentos y “ejercer efectivamente el control y supervisión de los contratos suscritos internacionalmente”, además de que se establezca un comité que se encargue de la planificación de adquisiciones de este tipo.
Por su parte, el diputado Carlos Berrizbeitia ha denunciado que estas empresas mixtas no tienen ningún control ni seguridad. “Estoy convencido de que son simplemente mamparas para justificar el ingreso de millones de dólares a Cuba”.
Considera que son empresas conformadas para darle valor legal a los 110 mil barriles de petróleo que diariamente son enviados a Cuba, que se traducen en más de 1.200 millones de dólares al año.
IDENTIFICACIÓN
Albet Ingeniería y Sistema manipula millones de datos que el gobierno de Venezuela le entregó para la elaboración de las nuevas cédulas electrónicas, mediante un convenio que excluyó del proceso la participación de técnicos venezolanos.
A juicio del diputado de la Asamblea Nacional Abelardo Díaz, “cada cédula de esta contratación con la República de Cuba tendría un costo para el Estado venezolano de 6.071 dólares, posteriormente, bajo este convenio le costaría al ciudadano venezolano Bs.F 26.107”.
“La empresa cubana, favorecida con más de 170 millones de dólares, por sus limitaciones tuvo que subcontratar a la multinacional Gemalteco, con sede en México, que proporcionará el 95% de los servicios contratados por un costo de 40.5 millones de dólares, es decir, Albet Ingeniería y Sistemas estaría percibiendo alrededor de 130 millones de dólares para proveer sólo el 5% de los servicios contratados.” Apuntó el parlamentario en denuncias recientes hechas en el parlamento nacional.
El diputado Carlos Berrizbeitia agega que “el Ministerio de Exteriores, conjuntamente con el Ministerio de Comercio deberían entregar el movimiento fiscal de estas empresas. No existe un método claro del retorno de la inversión”.
“Los venezolanos no ven por ningún lado ni por ningún concepto el beneficio a estos convenios, lo que existe, sin duda, es una gran máquina de limpiar millones de dólares”, concluye.
TRANSPORTE DE CRUDO
La empresa TransAlba se inscribe en los acuerdos de la ALBA y Petrocaribe. Fue constituida en enero de 2007 con la finalidad de ahorrar medio dólar en transporte de crudo por cada barril, alrededor 50 millones de dólares por año.
Cabe destacar que esta empresa cuenta con dos embarcaciones propias denominadas “Sandino” y “El Petión” adquiridas por medio del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas del Gobierno de Venezuela. Sin embargo, el diputado Berrizbeitia señala que hasta el gobierno venezolano cancela los honorarios de transporte del crudo a Cuba. “Existe una triangulación entre todos los convenios, hay una circulación de millones de dólares manejados como una caja negra, y el principal responsable de estas acciones es Rafael Ramírez”.
Horacio Medina señala que esta naviera se conformó con la intención de agilizar las necesidades financieras y económicas de Cuba.
Durante el 2009 la empresa cubano-venezolana incorporó el buque Sandino, construido en el astillero chino de Shipyard Jing Jiang y con tripulación cubana. Es un tanquero automatizado capacitado para cubrir la ruta de Puerto La Cruz hasta los muelles de la planta cienfueguera, en sólo tres días, con una carga del mejor crudo producido en el oriente venezolano.
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