Diario de América Aníbal Romero

Por Aníbal Romero
     La denuncia de Diego Arria contra el Presidente Hugo Chávez por
delitos de lesa humanidad tiene desde ya gran importancia ética, aún
cuando sus efectos políticos sólo se concretarán con el paso del
tiempo. Se trata de un documento de relevancia histórica que será
estudiado por las actuales y nuevas generaciones venezolanas con
particular interés y provecho, a medida que sus argumentos y
conclusiones maduren y queden inequívocamente demostrados por el curso
de los eventos.
     He percibido cierta miopía y mezquindad en algunos de los
juicios emitidos con respecto a este crucial documento, incluyendo
algunos formulados por comentaristas de oposición. Tal miopía y
mezquindad están fuera de lugar. El hecho de que Arria sea uno de los
precandidatos opositores a la Presidencia de la República, como es su
derecho, no suma ni resta a la sustancia de su denuncia, que es desde
todo punto de vista merecedora de apoyo.
     Al respecto desearía resaltar lo siguiente: Por un lado, la
cuestión central que plantea el documento es ineludible para los
venezolanos. Toda sociedad sometida al tipo de régimen y modo de
gobernar experimentados por la nuestra estos pasados trece años, se ve
en algún momento decisivo obligada a enfrentar lo que el filósofo
alemán Karl Jaspers denominó “el problema de la culpa”, es decir, la
atribución de cargos acusatorios, morales, políticos y criminales, a
individuos incursos en acciones ilegales, que abusaron de su poder o
le utilizaron de maneras inadmisibles éticamente por una sociedad
civilizada.
     Toda sociedad que atraviesa por las pruebas que aún aquejan a
Venezuela ve llegada la hora, más temprano o más tarde, de debatir
colectivamente y en la conciencia de cada ciudadano el problema de la
relación entre verdad moral, conveniencia política, sanción e
impunidad. Arria ha hecho un aporte al país, más allá de sus
aspiraciones personales, al sustentar en un documento tan sólidamente
argumentado señalamientos que formarán parte fundamental del debate
nacional, cuando llegue la ocasión de evaluar a fondo esta etapa de
nuestro devenir.
     Por otro lado hay que toma en cuenta, como repetidamente he
venido sosteniendo, que el ejercicio de la política, en especial en el
marco de una sociedad con los rasgos de la nuestra, debería ser
también un desempeño pedagógico destinado, de parte de los políticos,
a ayudar a los ciudadanos a entender su entorno y asumir sus propias
responsabilidades frente a los retos presentes y futuros. En tal
sentido, Hugo Chávez ha comprendido ese rol de la política, si bien,
por desgracia, su prédica está basada en el delirio destructivo y la
sistemática siembra del odio.
     La visión de la política como pedagogía es lo que proporciona su
potencial cívico a la denuncia de Arria contra Hugo Chávez ante la
Corte Penal Internacional, y lo que da su valor a un documento que
lejos de ser minimizado, debería ser respaldado por la oposición
democrática en su conjunto. Nuestro pueblo no debería seguir siendo
tratado, como a veces ocurre, como si estuviese compuesto por débiles
mentales o por personas interesadas exclusivamente en ofertas de
bienestar material, presentadas además con el mismo impulso demagógico
y la voluntad de engaño que caracterizan el discurso disolvente de
Chávez.
     Es de esperar que la oposición democrática se distinga
claramente de Chávez y de sus ejecutorias, con un mensaje que apele a
la dignidad de la gente y no a la manipulación de sus instintos, pues
también a los venezolanos nos llegará la hora de desvelar la verdad y
afrontar el problema de la culpa.
     @anibalromero.net