Adolfo R. Taylhardat
Los derechos fundamentales del hombre constituyen un todo único, indivisible e interdependiente y su promoción y protección tienen carácter prioritario. Así lo estableció la Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), cuyo párrafo 5º. dice textualmente: "Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí".
Cuando la violación de esos derechos es cometida por una autoridad gubernamental la responsabilidad de su protección corresponde a los órganos jurisdiccionales del país de que se trate. Por eso la generalidad de los instrumentos internacionales de derechos humanos da preeminencia a los recursos internos de protección y establecen que antes de acudir a los órganos internacionales se deben agotar los recursos internos. Pero cuando los recursos internos han sido infructuosos o cuando, como en Venezuela no pueden ser ejercidos debidamente porque los órganos de la justicia sirven de instrumentos de persecución y represión, corresponde a la comunidad internacional intervenir para asumir subsidiaria o complementariamente esa tutela.
Los derechos y las libertades políticos, siendo parte integrante e inseparable de los derechos humanos, también se encuentran bajo la tutela de la comunidad internacional y su defensa y protección trasciende las fronteras de los Estados. Esta noción está recogida en la mencionada Declaración de Viena en los siguientes términos: "La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente... La Comunidad internacional debe apoyar el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el mundo entero".
El mejor ejemplo de lo que puede hacer la comunidad internacional para la defensa y fortalecimiento de la democracia lo estamos viendo en el caso de Egipto. Ante el peligro que plantea para la estabilidad y la seguridad de ese país y del entorno regional y global la prolongación de la protesta popular contra el régimen autoritario de Hosni Mubarak, la comunidad internacional interviene aplicando los recursos de la diplomacia preventiva para preservar la democracia propiciando una transición pacífica y ordenada que ponga fin al conflicto y al mismo tiempo satisfaga el clamor del pueblo que exige la dimisión del presidente.
Mientras eso ocurre a los venezolanos se nos impone una ley que pretende establecer una separación entre los derechos humanos y los derechos políticos para convertir la defensa de estos últimos en delito. Obedeciendo ciegamente los requerimientos del führer y burlándose literalmente de lo que establece la declaración de Viena, la Asamblea Nacional sancionó la "Ley de Defensa de la Soberanía y Autodeterminación Nacional" que, entre otras cosas, busca impedir que la opinión pública internacional se entere "in situ" de la manera como se violan los derechos políticos de los venezolanos.
Según esa Ley, las ONG venezolanas que se dedican a defender el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía no pueden invitar a ninguna persona u organización extranjera para venga y opine acerca de la realidad política nacional. Cualquier declaración sobre ese tema será considerada por el führer o por alguno de sus compinches como una ofensa a las instituciones del Estado o como un atentado "contra el ejercicio de la soberanía". La ONG incursa en ese "delito" será sancionada con multa comprendida entre cinco mil a diez mil unidades tributarias.
Pero eso no es todo. "Los ciudadanos y ciudadanas extranjeros que participen" en esas actividades "estarán sujetos al procedimiento de expulsión del territorio de la República".
Con esa ley quedan prácticamente cerradas las puertas del país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de cualquier ente internacional dedicado a la protección de los derechos políticos.
Ya la ley comenzó a ser aplicada al pie de la letra. Como muestra un botón: Una inocente frase pronunciada por el Presidente del Gobierno de Canarias en defensa de los derechos de la comunidad canario-venezolana fue calificada de interferencia en los asuntos internos de Venezuela y generó la decisión de que esa fue "la última visita" del señor Paulino Rivero a Venezuela.
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