VenePirámides
En la campaña electoral de 1998 Hugo Chávez denunciaba que PDVSA era una “caja negra” que no informaba sobre sus operaciones. En realidad, como la petrolera colocaba papeles financieros en el mercado de valores norteamericano, sus finanzas eran revisadas cuidadosamente en Estados Unidos. PDVSA tenía que hacer reportes frecuentes a las autoridades y esa información era de libre acceso por los interesados. La fulana caja negra no era tan negra.
Esa supervisión “imperialista” no podía ser aceptada por los financistas revolucionarios. No se calaban una supervisión que estorbaba determinados movimientos de fondos. Revolución no tolera auditoria.
Llegado Chávez al poder, PDVSA dejó de reportar a la Comisión de Valores de los Estados Unidos, y no colocó sus emisiones de bonos y otros papeles en ese país. Este proceso de desmontaje que cerró los canales de información y control lo inició Tobías Nóbrega y lo han continuado sus sucesores en el Ministerio de Finanzas, cumpliendo instrucciones de Jorge Giordani. Este último, junto al teniente Alejandro Andrade, han sido la bisagra entre Chávez y los operadores financieros del Gobierno. Se asegura que hace poco Giordani logró expulsar a Andrade de ese exquisito círculo donde se manejan cientos de billones de dólares. Giordani no tiene credenciales como banquero de inversión, por lo tanto alguien lo está asesorando en la materia de alquimia financiera. Entre sus asesores se cuentan banqueros chavistas que ahora están entre rejas por ejecutar negocios en desmedro del tesoro nacional. De esos tenebrosos laboratorios salieron las míticas notas estructuradas y otros papeles que han enriquecido obscenamente a un pequeño grupo de boliburgueses.
Esa banda convirtió a PDVSA en el principal especulador en el mercado nacional de valores. Además sirvieron como financistas, intermediarios y testaferros en compras de varios bancos y casas de bolsa. También utilizaron dólares del Estado para realizar operaciones cambiarias ilegales obteniendo beneficios de hasta 30% diarios. Este elevado nivel de corrupción en las finanzas públicas permitió el crecimiento de poderosas bandas, generando fortunas fabulosas para los involucrados. En este tinglado, Illaramendi, nombrado a dedo por Rafael Ramírez, era una pieza fundamental. Este individuo de 42 años es socio de Eudo Carruyo, joven de 40 años, hijo del Director de Finanzas de PDVSA, Eudomario Carruyo.
Carruyo Jr. al igual que su padre, fue empleado en el área financiera de “la nueva PDVSA”. Debido a ciertas investigaciones incómodas, Carruyo Junior decidió irse a Miami, donde aparte de su lujosa propiedad en Coral Gables, compró un apartamento en Brickell Key por $1.7 millones y un vehículo Lamborghini valorado en $200 mil. El año 2005, Carruyo Jr. se estrelló manejando este carro bajo los efectos del alcohol. En el accidente murió su acompañante, Tulio Velandia. El Junior fue detenido y salió en libertad bajo fianza de $100 mil. El pago de la fianza a ABC Bell Bonds fue hecho por Guido Antonini Wilson, el famoso gordo del maletín en Argentina. El propio Antonini reveló que el dinero de la fianza se lo había dado Willmer Ruperti. ¿Quién le dio los reales a Ruperti? Posteriormente, Carruyo Junior no se presentó a la audiencia prevista en la corte de Florida y se le libró orden de captura. Anda huyendo. Hay personas que aseguran haberlo visto recientemente en Caracas. Al efecto existe en internet una requisitoria ofreciendo una recompensa. Por su parte, Carruyo padre tiene una casa en Miami valorada en $4 millones, según reportó Noticiero Digital.
Illaramendi tenía la confianza de la familia Carruyo. Su trabajo no se limitó a manejar sin rendir cuentas los 2 mil millones de dólares del Fondo de Pensiones. Además controlaba la estructura financiera internacional de la propia PDVSA por órdenes de Rafael Ramirez a través de José Rojas.
El caso del Fondo de Pensiones da una idea escalofriante de cómo se maneja “la nueva PDVSA”. Ese fondo es manejado por la propia PDVSA y no por sus dueños, los jubilados. Rafael Ramírez contrató a Illaramendi para que trabajara en PDVSA. Luego lo designa a dedo como administrador del Fondo de Pensiones. Illaramendi actuaba ilegalmente sin control gracias a la confianza que en él se tenía en el más alto nivel de PDVSA. Entre sus hazañas está el haber invertido más de mil millones de bolívares fuertes en Baninvest, faltando pocas semanas para que éste colapsara. Por supuesto, ese dinero se perdió. Baninvest fue el Banco que Arné Chacón Escamillo y Pedro Torres Ciliberto compraron a medias. En esa negociación Arné no puso un centavo.
El modus operandi era sencillo. Illaramendi “invertía” dinero del Fondo de Pensiones para reflotar a Baninvest y evitar su desplome. A cambio de fungir de intermediario Baninvest pagaba una comisión a Illaramendi, quien supuestamente la repartiría entre los demás involucrados. El mismo procedimiento se utilizó con los bancos propiedad de Ricardo Fernández Berrueco (Ban Pro, Bolívar, Canarias y Confederado).
El contacto de Illaramendi en Baninvest, Juan Hormao, fundó una empresa de maletín en un paraíso fiscal. Illaramendi fingía “invertir” dinero en esa empresa y Hormao aceptaba haber recibido el “préstamo”. Cualquier auditor novato hubiera descubierto esa burda trampa. La inversión en la empresa de energía nuclear fue parecida. Allí se invirtieron cientos de millones de dólares para comprar acciones a un precio inflado de una empresa que va camino a la quiebra.
Es posible que Illaramendi denuncie a sus cómplices para así reducir la condena que le fue impuesta en Estados Unidos. Si esto ocurre se produciría un agujero importante en la cúpula de la petrolera estatal.
En la pasada interpelación en la Asamblea Nacional, el ministro Ramírez negó tener que ver con el Fondo de Pensiones de PDVSA. Pero la junta directiva de PDVSA aprobó la inversión de $540 millones del Fondo de Pensiones en una empresa controlada por Illaramendi lo cual es un flagrante conflicto de interés. El control del Fondo lo ejerce Carruyo, el director de Finanzas de PDVSA. PDVSA es entonces responsable por esos fondos y debe resarcir a sus trabajadores por esas pérdidas. Con dinero de los demás venezolanos.
Por supuesto, Ramírez y Carruyo deben ser destituidos y sometidos a juicio. Si el Gobierno Nacional no toma acción contra estos dos sujetos, quedaría claro que hay colusión y que la dirección de esta pandilla está en el tope de la pirámide.
Giordani debe corregir la afirmación que hizo en la AN de que en la Oposición está la escoria de Venezuela. Esa escoria la tiene Giordani más cerca de lo que creía.
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