LOS JUECES DE LA TRAICIÓN

Comete un acto de criminal y suicida irresponsabilidad el magistrado
Arcadio Delgado: sacando a relucir a Carl Schmitt para legitimar 20
años después un golpe de estado fracasado e imponer un régimen
totalitario a todas luces ilegítimo, reconoce la eventual legitimidad
del que podría estar tentando al presidente de la república para
resolver la grave crisis existencial que sufrimos y el virtual estado
de excepción  a que nos empujan su ferretería intelectual y los hechos
que lo sustentan. Carl Schmitt sirve para legitimar el resultado de un
golpe, como también para darle derecho de nacimiento al que parece
estar rondando por la cabeza de Miraflores
Antonio Sánchez García
CARL SCHMITT EN ALPARGATAS
LOS JUECES DE LA TRAICIÓN
                          Schmitt    Delgado
A Asdrúbal Aguiar
Muerto el perro no se ha acabado la rabia. Encuentra otros juristas de
ocasión, prestos a asumir la tarea de barnizar de legalidad lo ilegal
y darle una mínima coherencia jurídica a la barbarie imperante,
edulcorando el asalto totalitario en curso. Es lo que pretende con su
ominoso batiburrillo ideológico el magistrado Arcadio Delgado:
legitimar con su ferretería jurisprudente el saqueo sistemático a los
bienes de la nación, el robo a los bienes privados travestido de
expropiación, la autocrática concentración de todos los poderes en
manos del ejecutivo, la anulación de toda civilidad con el
consiguiente entronizamiento del militarismo  gobernante y el
sometimiento de la ciudadanía al control policial de un llamado
"Estado total". Pretendiendo borrar de paso la naturaleza intrínseca,
inmanentemente dictatorial del socialismo en curso, absolutamente
ajeno a una auténtica socialdemocracia.
Hay algo de bandolerismo intelectual y de descaro político en el
desparpajo con que nuestro sedicente magistrado reivindica el
totalitarismo schmittiano para legitimar el totalitarismo bolivariano
y el tortuoso curso que parece anunciarse tras bambalinas. El mismo
que llevara a Carl Schmitt a identificar la ley y todo el sistema
jurídico alemán con Adolph Hitler y a subsumir la juridicidad de la
Alemania nazi a su impune voluntad asesina, como quedara de manifiesto
luego de la tristemente célebre  Nacht der langen Messer, la "Noche de
los cuchillos largos". Decidido a congraciarse con la Wehrmacht, las
fuerzas armadas alemanas, celosas del papel preponderante adquiridas
por la SA, la Sturm Abteilung o milicias de ataque creadas como fuerza
de choque por Hitler para aterrorizar a la ciudadanía alemana y
hacerse con el Poder de la República de Weimar, el Führer ordenó  a
las SS, su policía política, descabezarla asesinando a sus máximos
líderes, comenzando por Ernst Röhm, su fiel alabardero y compañero de
luchas desde los comienzos de su carrera política,  en una brutal
redada asesina cumplida con saña entre la noche del 30 de junio y el 2
de julio de 1934. Uno de los tantos golpes de Estado encubiertos dados
desde el incendio del Reichstag.
En esas dramáticas horas de Walpurgis, fueron asesinados por los menos
85 miembros de las SA, cifra posiblemente muy inferior a los cientos
de asesinados en todo el país entre los más fieles y combativos
seguidores de Hitler. Víctimas propiciatorias de su acercamiento a la
Reichswehr, hasta entonces renuente a someterse al poder absoluto del
caudillo. Y miles de “milicianos civiles” fueron hechos prisioneros.
Ante el asombro de la sociedad alemana, ya por entonces férreamente
controlada por el caudillo, el pensador y jurista alemán Carl Schmitt
– ferozmente antiliberal y fundamento constitucional del nazismo desde
que por oportunismo se sumara al carromato totalitario – consideró que
dado “el estado de excepción” en que se encontraba Alemania, el Führer
constituía la esencia de su juridicidad: la justicia descansaba en el
caudillo: “el auténtico líder siempre es también juez. De su capacidad
de líder deriva su capacidad de
juez. Quien pretenda separar ambas capacidades o incluso oponerlas
entre sí convierte al juez en líder opositor o en instrumento del
mismo y busca desquiciar al estado con la ayuda de la Justicia”.
Schmitt no hacía más que expresar jurídicamente lo que Hitler
exclamara exultante, emborrachado por la euforia de sangre del
amanecer de esas siniestras 24 horas de puñales asesinos ante el
congreso: “¡El tribunal supremo del pueblo alemán durante esas 24
horas fui yo mismo!”. William Schirer, el periodista norteamericano y
gran cronista de esos años de terror presente en esa ominosa sesión
del parlamento nazi comenta: “Los diputados se pusieron en pie para
vitorearlo”. ¿Es lo que, en versión farsesca, intenta el Tribunal
Supremo de Justicia permitiendo que el caudillo se exprese en calidad
de magistrado supremo de la Nación en un acto del que debió permanecer
estrictamente alejado?
Tras el sedicente Estado Total del magistrado Delgado, de innegable
raigambre mussoliniana, se esconde, desde luego, una aberración
jurídico política. Y la voluntad implícita de aplastar toda diferencia
específica, homogeneizar la totalidad social y someter la sociedad a
la voluntad del teniente coronel. El magno proyecto del nazismo y del
estalinismo. Citar a Hobbes ante tamaña aberración de naturaleza
política demuestra un consistente analfabetismo jurídico y filosófico.
La división de la sociedad entre sus distintos grupos, clases y
estamentos, así como la especificidad individual del sujeto, es
originaria y anterior al Estado moderno, surgido como una necesidad
ante la complejidad de la socialización misma, como lo señala el
pensador inglés en el Leviatán, que fundamenta su existencia
precisamente en la necesidad de regular y dirimir las diferencias de
dicha socialización y el bellum omnia contra omnem en que quedaría
librada a su
suerte de no mediar un árbitro imparcial y supremo, la guerra de
todos contra todos. Hegel, en su Filosofía del Estado y del Derecho lo
expresaría de manera categorial, al subsumir las distintas instancias
de la existencia real bajo las dos grandes categorías de Estado
(Staat) y sociedad civil (bürgerliche Gesellschaft).
No es ninguna contradicción que el intento por convertir a nuestro
ágrafo teniente coronel en magistrado supremo de la Nación intentado
por el tribunal supremo de justicia al concederle el derecho de
palabra en un acto de su estricta competencia, tenga lugar en las
vísperas del 4 de febrero y preceda a la celebración estrictamente
militar del vigésimo aniversario de un acto anticonstitucional,
antidemocrático y de clara naturaleza dictatorial como el golpe de
estado militar del 4 de febrero de 1992 y con cuyos fastos pretende
coronar su trabajo de zapa y terminar por destruir la arquitectura
democrática y constitucional intrínseca al actual ordenamiento
jurídico de nuestra Nación.
Comete un acto de criminal y suicida irresponsabilidad el magistrado
Arcadio Delgado: sacando a relucir a Carl Schmitt para legitimar 20
años después un golpe de estado fracasado e imponer un régimen
totalitario a todas luces ilegítimo, reconoce la eventual legitimidad
del que podría acontecer para resolver el virtual estado de excepción
a que nos empuja su ferretería intelectual y los hechos que lo
sustentan. Carl Schmitt sirve para legitimar el resultado de un golpe,
como también para darle derecho de nacimiento al que está siempre
latente.
La oposición democrática no pisará el palito de sus desvaríos: Chávez
saldrá por la puerta que entró, sin necesidad de empujarlo a la salida
por los medio ilícitos con que anunciara su epifanía desde el Museo
militar. La prueba la obtendrá este 12 de febrero. La ruta de nuestro
destino la decidimos nosotros, los ciudadanos emancipados, no piratas
de la jurisprudencia, asaltantes uniformados y oportunistas de postín
como el magistrado Arcadio Delgado. En todo caso, y para su
ilustración, le recomiendo la lectura de mi ensayo Crisis y Estado de
Excepción en la Venezuela Actual. Leer a Carl Schmitt. Allí comprobará
que está invocando un cuchillo de doble filo. Las tiranías no trepidan
en asesinar a quienes ya no le sirven. Sirva la prueba de esa terrible
Noche de los Cuchillos Largos.