Resulta tan inaudito como deplorable -además inadmisible- el reconocimiento hecho por las ¿autoridades? del estado Vargas, de supuesta incapacidad -se le suma a la ineptitud característica de este régimen- para actuar, en estricto cumplimiento de la Constitución y leyes de la República, en respuesta -legítima y debida- ante la invasión vandálica de la propiedad privada -y productiva- de la familia Quintero en Caruao.
Tanto el Gobernador como el Alcalde, la policía regional, la Guardia Nacional, el Procurador y los fiscales del Ministerio Público requeridos por las víctimas obviaron sus atribuciones e incumplieron sus deberes al no restituir, en el acto y en el marco de la ley, los derechos de unos ciudadanos asaltados por una banda de facinerosos que ocupó ilegalmente y destruyó la propiedad de estas personas. La negligencia, en algunos casos, y la arbitrariedad del poder, en otros, pasaron a ser el pan de cada día. Esta anarquía ha hecho de Venezuela una tierra sin ley donde las invasiones sectarias compiten con las expropiaciones irregulares.
¿No pueden hacer nada o tienen miedo de hacer algo? Funcionario que así actúa incurre en omisión y desacato. Lo cual constituye delito y está penado según el ordenamiento legal vigente. Presente hay que tener que muchos de estos delitos no prescriben y algunos -los relacionados con derechos humanos- pueden, incluso, ser juzgados en tribunales internacionales.
Quienes ocupan cargos públicos -sean de elección o designación- tienen responsabilidades legales con los ciudadanos. Esas obligaciones están por encima de la sumisión incondicional al Hiperlíder, muy dado a dejar en la estacada a sus más obsecuentes servidores. Recuérdese lo que pasó con el general Baduel: siendo ministro de la Defensa abrió los portones a la ideologizació n comunistoide de la Fuerza Armada, no obstante lo cual terminó preso por confrontar luego, como civil, al caudillo ególatra. Contraria fue la actitud del gobernador de Lara, Henry Falcón, quien abandonó las filas oficialistas en rechazo a la Ley del Consejo Federal de Gobierno que prácticamente liquida el rol de gobernadores y alcaldes. ¿Tras las rejas? También pudiera terminar el mandatario regional. Basta que así lo disponga el mandón. Pero sería otro preso de conciencia por defender el Estado de Derecho, no por violentarlo, como lo hacen recurrentemente otros miembros del Poder Público.
Ni las invasiones de estos grupos facinerosos fueron casuales, al azar, ni tampoco las confiscaciones ejecutadas por el régimen son de utilidad, indispensables. En ambos casos son acciones vandálicas, proselitistas, electoreras, contra un sector de la población al que se quiere de rodillas.
Miguel Sanmartín
msanmartin@eluniver sal.com
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