Aseguró Angela Brito, hija de Franklin Brito, quien lleva ocho ayunos voluntarios para que el Gobierno responda: "Mi padre no dejará la huelga"
Jesús Castro
Foto: Ernesto García
Foto: Archivo Notitarde
Su padre está internado contra su voluntad en el Hospital Militar de Caracas, el fundo que su familia ha tenido toda su vida en el estado Bolívar fue cercado por personas que ya lo invadieron en una ocasión, su madre está refugiada en un convento, su familia ha sido amenazada de muerte en variadas ocasiones y sus dos hermanos menores ya perdieron el año escolar.
Esta es la realidad que día tras día Angela Brito debe enfrentar, mientras acompaña a su padre, Franklin Brito, en la batalla porque el Gobierno de Hugo Chávez revoque las cartas agrarias concedidas a quienes invadieron sus tierras y se reconozcan legalmente los daños a su propiedad.
Pero hay otro factor con el cual debe lidiar Angela: su padre ya enfrenta una nueva huelga de hambre que ha afectado ostensiblemente su salud, la octava que realiza desde el año 2005, cuando incluso se amputó un dedo para llamar la atención de Chávez sobre su caso y se aclarara la materia.
Angela Brito tiene 20 años, estudia quinto semestre de Ingeniería Geológica (aunque debería estar en el sexto semestre, pero lo perdió debido al problema de su padre) y es quien se ha tenido que encargar de ir a los tribunales, solicitar audiencias ante el Instituto Nacional de Tierras (Inti) y el Palacio de Miraflores para que el caso se solucione.
La mayor tristeza de esta joven radica en ver a su familia separada porque deben estar en Caracas para enfrentar el problema surgido entre su padre y el Inti, pero en diferentes sitios de la capital, debido al "encarcelamiento" al cual está sometido Franklin Brito en el Hospital Militar. Además Angela tiene un temor latente: su padre no abandonará la huelga hasta no obtener una respuesta, mientras su salud se deteriora.
"El caso no se aclara porque es admitir que hubo corrupción"
En la entrevista realizada a Angela en la redacción de la Corresponsalía de Caracas de Notitarde, se le consultó el porqué no se terminaba de resolver un problema que se inició en el año 2000. La hija de Franklin Brito indicó que la aclaratoria no surgía debido a que en el caso se han incurrido en diferentes actos de corrupción, uno por el ex ministro Jesse Chacón y otro por el director del Inti, Juan Carlos Loyo.
La hija del huelguista relató que la primera acción irregular para solventar el caso del fundo de su familia, que posee 290 hectáreas (ha) de las cuales sólo 90ha están disponibles, se produjo en 2005 cuando el ex ministro para Relaciones Interiores y Justicia de la época, Jesse Chacón, le entregó a Brito un pago de 70 millones de bolívares "de los viejos", sin factura alguna o comprobante que señalara el porqué de la entrega de la cuantiosa suma de dinero, tampoco se reconocía que formaba parte de una indemnización, no al menos legalmente.
Este monto fue recibido por los Brito, sin que en un principio fuera visto como algo fuera de lo común, pero luego le indicaron a Franklin Brito que se debió entregar un comprobante junto al dinero, de lo contrario era un acto corrompido ante las leyes.
Este acercamiento de Chacón a Brito se produjo luego que el 13 de noviembre de 2005, durante un Aló Presidente, el jefe de Estado ordenara a Chacón solucionar el inconveniente surgido con las tierras de Brito. Esto sucedió luego de la primera huelga hecha por el también profesor de Biología, en la cual se amputó un dedo (hecho sucedido el 10 de noviembre de 2005).
El problema continuó, el Gobierno venezolano no aceptó que se había incurrido en actos que lesionaban a Brito y, debido a las invasiones al fundo, la familia Brito queda en la calle, por lo cual Franklin Brito decide comenzar una segunda huelga de hambre el 1 de agosto de 2007, en esa ocasión ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Ante esta situación, en otro programa de Aló Presidente, Chávez ordenó se aclarara la situación que se presenta con el productor agropecuario del estado Bolívar, mandato que se emitió el 7 de octubre de 2007. En esa ocasión el Primer Mandatario Nacional comisionó al director del Inti, Juan Carlos Loyo, para solucionar el caso.
Posteriormente, Loyo le entregó una supuesta indemnización de 800 millones de bolívares (anteriores a la denominación de "Fuertes"), el cual incluía un tractor Veniran con equipos (equivalente a 150 millones de bolívares), insumos agrícolas por el orden de 60 millones de bolívares, enseres de hogar por 50 millones, reparaciones al fundo por 400 millones, y dos cheques: uno por 50 millones de un supuesto trabajo que Franklin Brito hizo para el Inti (lo cual no sucedió), así como otro por 100 millones que se lo otorgaron como "una donación", sin papeles que hicieran constar la razón de la donación que se le otorgó.
En el caso del tractor, que en un primer momento se le dijo a Brito sería un crédito otorgado por el Fondo de Desarrollo Agrario Pesquero, Forestal y Afines (Fondafa), y luego que el productor agropecuario no lo aceptara, Loyo volvió a entregárselo.
En esa ocasión adujo el director del Inti que se trataba de un comodato y se le hizo entrega de un documento que asentaba tal transacción, en el cual, según señaló Angela, se corroboró que era falsa la rúbrica del notario que firmó el documento.
Todos estos hechos los presentó la familia Brito ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República, sin que hasta la fecha se haya producido una decisión.
Para la segunda de las hijas de Franklin Brito, el presidente Chávez debe buscar aclarar los actos de corrupción en los cuales incurrieron sus colaboradores.
Y asevera que tanto Chacón como Loyo hicieron tales actos para que el Gobierno no se viera perjudicado por el caso de la afectación del fundo de un pequeño productor.
La hija del huelguista también señaló que el 4 de diciembre del pasado año su padre y Loyo firmaron un acta en la cual el Inti prometía revocar las cartas agrarias entregadas a las personas que invadieron el fundo de su padre y legalizaría la indemnización a la familia, pero tales ofertas no se concretaron.
También se acordó establecer peritos por cada parte para determinar los costos de los daños causados al fundo, ante lo cual los peritos del Inti, según le dijo Loyo al padre de Angela, determinaron que debían cancelarse Bs. 3 mil millones, lo cual fue aceptado por Franklin Brito.
Esta conversación fue grabada y posteriormente el diputado de la AN por el Psuv, Carlos Escarrá, transmitió el video, editado, en el cual nunca apareció Loyo y dejaba ver que Brito pedía ese monto de dinero para solucionar la problemática, por lo cual lo han tildado de ser un extorsionador, lo cual su hija rechazó por completo e instó al diputado pasar el video completo, sin editarlo.
Todo inició en el 2000
Pero anterior a estos episodios ya la familia Brito debió enfrentar problemáticas con sectores de poder cuando en el año 2000 el productor agropecuario, quien es Biólogo, sugirió un plan contrario al esbozado por el entonces alcalde del municipio Sucre del estado Bolívar, Juan Carlos Figuerella, para combatir una plaga que afectó los sembradíos de ñame de la región (la cual es una de las principales productora de este tubérculo en el país).
Figuerella propuso la erradicación de las bacterias que amenazaban matar los cultivos mediante fumigaciones que costarían 1 mil millones de bolívares, los cuales serían entregados por la CVG.
Brito sugirió, en aquél entonces, que era preferible comprar semillas de ñame resistente a la bacteria porque sería menos peligroso que la fumigación, y no corría el riesgo de ser devastado por el agente infeccioso.
Luego de presentar tal opción y ser aceptada por la CVG, la propuesta de Figuerella pasó al olvido y, posteriormente tanto Brito, como su esposa (que es maestra) "fueron despedidos casualmente de sus trabajos", según relató Angela.
Debieron irse de Bolívar
Angela también relata cómo, durante la huelga de su padre en diciembre de 2009 frente a la sede de la OEA en Caracas, la familia aún se mantenía viviendo en Bolívar, pero en diciembre un conocido asesino de la zona los amenazó de muerte en 4 ocasiones, la última el 24 de ese mes, por lo cual decidieron trasladarse a Caracas. Paralelamente han recibido llamadas y mensajes intimidantes, pero Angela dice que ya "ni les paran a esas llamadas".
La hija del productor sólo pide que el Gobierno cumpla lo prometido y que lo haga pronto para que su padre deje la huelga de hambre y la familia lleve una vida normal.
Comenta la hija de Brito que tres guardias custodian la puerta
Mi papá está preso en el Hospital
Paralelamente a los problemas jurídicos, de los cuales Angela debe encargarse puesto que no cuentan con asesoría legal, está el aspecto de la retención dentro del Hospital Militar de Caracas de la cual es víctima su padre, quien debe quedarse recluido en el mencionado nosocomio debido a órdenes emitidas por el juzgado 23 de Control del Area Metropolitana de Caracas (AMC).
La hija del agricultor asegura que su padre está preso en el Hospital Militar puesto que el pasado 1 de marzo, el director de la institución, Earle Siso García, firmó el alta médica para Brito, pero el juzgado revocó la decisión del médico e instruyó dejarlo en el Hospital debido a que se trataba de un caso jurídico y sería el juzgado 23 del AMC, a cargo de Lenín Fernández Duarte, el que decidirá la alta al paciente.
En ese momento Angela comenta que ya los niveles físicos de su padre estaban estables e incluso pesaba ya 75 kilogramos, pero luego de esa decisión su padre decidió no aceptar más tratamiento ni comida y actualmente sólo recibe agua y suero oral, con lo cual su Indice de Masa Corporal ha descendido a 14, cuando debería estar por encima de 22. De igual forma la presión arterial sistólica se ubica en 80, cuando el promedio es 140.
En cuanto al aspecto legal, Angela refutó que el caso se lleve por vías penales y se trate a su padre, a quien ella determina como la víctima de los sucesos en el fundo, como si fuera un victimario.
Aseveró que el Amparo decidido por el juzgado 23 de Control (que lleva a someter a Brito a cobertura médica) es arbitrario, puesto que debió ser solicitado por la Defensoría del Pueblo y no por el Ministerio Público. Además la petición no debió ser ante una instancia penal y la figura del Amparo no cabía, según afirmó Angela.
Afirmó que su padre tiene tres guardias militares en la puerta de su habitación que imposibilitan salga del Hospital.
Notitarde
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