arta abierta a Hildegard Rondón de Sansó Rafael J. Chavero Gazdik* / Soberania.org

Rafael J. Chavero Gazdik* / Soberania.org <http://www.soberania.org/>  -
06/03/08
<http://soberania.org/Images/hidegard_rondon_de_sanso_1.jpg> No logro
salir del asombro. Que lo haya dicho Mario Silva no me extrañaría, pues se
trata de un opúsculo adulador con licencia oficial para profazar; pero que
sea una ex magistrada del más alto tribunal de la República y quien ocupa
<http://www.acienpol.com/cv-16.htm> un sillón en la Academia de las Ciencias
Políticas y Sociales, es motivo de enorme preocupación, pues pone en
evidencia el deterioro de nuestra sociedad y los escasos valores que le
restan al ejercicio de la abogacía.
Usted ha sugerido en varias entrevistas de radio y hasta en un artículo de
prensa, al referirse al caso de la ExxonMobil, que los abogados de empresas
foráneas que defiendan sus pretensiones jurídicas podrían ser considerados
traidores de la patria. Incluso, propone que “los especialistas” estudien la
posibilidad de encarcelar a quienes aboguen por las causas que adversan los
intereses del Estado venezolano.
<http://soberania.org/Articulos/articulo_3856.htm#1a> [1] En suma, usted
propone criminalizar el ejercicio de la profesión del derecho. Y como es
lógico, esta palabra santa será suficiente para tiritar a cualquier abogado
sin privilegios gubernamentales, pues su recomendación seguramente tendrá
eco en secuaces encargados de rifar imputaciones penales.
Sus argumentos no permiten distinguir hasta dónde debe expandirse el delito
de traición. ¿Habrá que encarcelar también a quienes actuamos ante
organismos del sistema interamericano de protección de derechos humanos,
para defender a las víctimas a quienes el Estado venezolano les ha vulnerado
sus garantías fundamentales? ¿Serán también los que han actuado ante
tribunales judiciales o arbitrales internacionales como es el caso del
CIADI? ¿Seremos también traidores quienes nos hemos atrevido a demandar al
gobierno ante nuestros propios tribunales, ante las arbitrariedades del
poder? ¿Donde fijar el límite? Esto es muy importante Dra. Rondón, pues no
quedarán catres vacíos en nuestros penitenciarios para albergar a tantos
pérfidos juristas.
<http://soberania.org/Images/justicia_1.jpg> Aunque usted no lo crea,
desde la revolución francesa en el siglo XVII confrontar una decisión
oficial asumida por un Estado no puede considerarse como un crimen. El
Estado de Derecho es el sometimiento del gobierno al derecho y ese control
lo ejercen los jueces. Las personas naturales o jurídicas afectadas por una
decisión estatal tienen el derecho de cuestionarlas, y para ello requieren
de la asistencia de profesionales del derecho. Y, lógicamente, de abogados
que conozcan el derecho interno del respectivo Estado. Si usted considera
que confrontar un Estado es un sacrilegio, no puede extender el pecado a
quienes cumplen con sus obligaciones profesionales. Quienes están en
conflicto son las partes, no los abogados.
Me encantaría conocer su opinión sobre los abogados que tienen que defender
a una persona acusada de violador, de terrorista, de tráfico de drogas, de
secuestrador de niños. ¿Serán también delincuentes? ¿Tendrán derecho estas
personas a una asistencia letrada? No me queda clara su posición con
respecto a la necesidad de un debido proceso antes de sufrir una sanción.
¿Será que ese debido proceso es sin defensa letrada? ¿Serán simples
adláteres los abogados de las partes?
Si llegase usted a admitir que un procesado de delitos tiene derecho a una
asistencia letrada, me cuesta creer entonces cómo concluye que una persona o
empresa extranjera encargada de hacer negocios en nuestro país, no puede
contar con asesores y abogados, cuando ésta confronta una decisión estatal
que considera ajena a las garantías ofrecidas antes de la inversión. Si la
empresa tiene razón o no, eso quedará por verse, pero mal puede usted
criminalizar la actuación de los abogados, cuando ni siquiera se conoce
quién tiene la razón.
¿De dónde habrá sacado usted que los abogados deben identificarse con las
partes? ¿Es que acaso para defender los derechos de un homosexual o un
comunista hay que también serlo? ¿De qué código de ética habrá sacado este
pecado que ha provocado su drástica alteración?
Sepa usted, Dra. Rondón, que uno de los principios básicos del ejercicio del
derecho es que los abogados no pueden ser identificados con sus clientes ni
con las causas de sus clientes. Las Naciones Unidas han reconocido este
principio, así como el de inmunidad civil y penal por las declaraciones que
hagan de buena fe los abogados, en procura de sus defendidos.
<http://soberania.org/Articulos/articulo_3856.htm#2a> [2] Precisamente por
eso, la humanidad y la sociedad democrática discrepa de su parecer, al
proscribir persecuciones o sanciones frente a los abogados, a raíz de
cualquier medida que hayan adoptado en el cumplimiento de sus obligaciones,
reglas y normas éticas.
¿Es que acaso usted pretende que la empresa ExxonMobil o cualquier sujeto
que acuda a un proceso arbitral sin asistencia letrada? ¿Será que todo el
gremio de abogados tiene que solidarizarse ciegamente, y a priori, con el
capricho gubernamental de terminar una relación con un aliado comercial
<http://soberania.org/Articulos/articulo_3836.htm> a quien se le dio una
serie de garantías frente a su inversión, sin indemnización alguna? Que
fácil sería para usted asesorar al Estado venezolano sin confrontar a nadie,
pero recuerde usted que todo proceso requiere un contradictorio, pues esa es
la mejor fórmula para la búsqueda de la verdad.
Dra. Rondón, usted ha perdido la perspectiva, pues hay abogados que no sólo
sienten que cumplen con su deber cuando defienden los intereses de sus
clientes frente a un Estado, sino que muchas veces lo hacen con vehemencia y
convicción, al entender que al corregir una práctica viciada o un capricho
gubernamental se beneficia el propio Estado. Ya lo decía von Ihering, “toda
disposición arbitraria o injusta, emanada del poder público, es un atentado
contra el sentimiento legal de la Nación, y por consecuencia contra su misma
fuerza”.
Así, cuando en el ejercicio de nuestra profesión nos ha tocado demandar la
nulidad de un acto gubernamental  o los daños y perjuicios derivados de una
actuación ilícita del Estado, lo hemos hecho no sólo cumpliendo con nuestro
deber de atender los intereses de una parte, sino también con el ánimo de
defender el Estado de Derecho y evitar futuras transgresiones legales.
Castigar a un Estado por su conducta arbitraria debería aparejar un
propósito de enmienda, y ello debería pesar en las futuras actuaciones de
los agentes oficiales.
Sin ánimos de entrar al fondo del caso que dio origen a su ira, del cual
desconozco sus detalles, sólo quiero hacerle ver que hay quienes piensan
(pensamos) que  <http://soberania.org/Articulos/articulo_3845.htm>
irrespetar un compromiso contractual asumido con una transnacional, sin
indemnización, es perjudicial para nuestro propio Estado, pues espanta a los
inversionistas con deseos de permanencia y con empleos para otorgar. Hay
quienes entendemos que defender en esos casos al inversionista es procurar
nuestro propio beneficio, pues la patria Dra. Rondón, no se agota en los
gobiernos de turno, éstos pasan y muchas veces lo que queda son las
cicatrices de las arbitrariedades.
<http://soberania.org/Images/justicia_3.jpg> Hay quienes vemos las
bondades de los acuerdos que garantizan la seguridad jurídica de los
inversionistas; hay quienes vemos la importancia de respetarle los derechos
a los nacionales de otras tierras; sobran quienes sienten que el negocio
petrolero debería ser ajeno a las ideologías de los gobiernos de turno; hay
quienes pensamos que comprometer en árbitros foráneos las decisiones de
posibles conflictos contractuales no es contrario a derecho, más aún cuando
pensamos que nuestros gobernantes deben actuar en beneficio de la patria y
no del partido; hay quienes pensamos que condenar a nuestro país a
indemnizar los daños ocasionados a cualquier persona (nacional o
extranjera), por sus arbitrariedades, debería repercutir en nuestro propio
beneficio, como muestra de seguridad jurídica.
Si usted discrepa de esta posición por razones jurídicas o ideológicas, yo
respeto su posición y defiendo su derecho a expresarla, pero no por eso debe
buscar el camino fácil de encarcelar a su adversario, y menos aún a sus
abogados. Si le ha molestado el criterio de los asesores de la empresa que
ha demandado a nuestro país, ocúpese de destruir sus argumentos y no las
vidas y la libertad de los abogados asesores. Asesorar, abogar y representar
a una persona natural o jurídica contra un Estado, lejos de constituir
delito, es una tarea seria y responsable,
<http://soberania.org/Articulos/articulo_1206.htm> tan noble como la que
seguramente usted le estará prestando a la principal empresa nacional.
Lo paradójico de su criterio es que confirma una verdad irrefutable.
Actualmente, nuestro Poder Judicial no está capacitado para administrar
justicia con imparcialidad, al menos en los casos donde esté en juego algún
interés gubernamental. ¿Cómo entonces cuestionar que alguien busque un
tribunal menos parcializado? ¿No somos capaces acaso de vencer en derecho
frente a jueces imparciales? Incluso, usted resaltó, en su voto salvado de
la sentencia que avaló la
<http://soberania.org/apertura_petrolera_portada.htm> apertura petrolera, la
importancia de que los conflictos de envergadura se mitiguen “las dudas
sobre la posibilidad de que el sentimiento nacionalista imper(e) sobre la
ratio fundamental de un fallo definitivo, que no puede ser otro que la
justicia”. ¿Cómo ahora invocar abnegados intereses nacionalistas para
cuestionar la función principal de los abogados?
<http://soberania.org/Images/justicia_poder_dominio.jpg> No sé cuál será
la lóbrega intención de tan desatinada postura. Si estos fueran ajenos a la
justicia, la historia sabrá darle su puesto de arbitrista. Y si fuese sólo
una precipitada respuesta improvisada, nuestro gremio le exige una dispensa.
Yo estaría dispuesto a dársela.
Dra. Rondón, no estoy involucrado en el caso de la ExxonMobil, ni siquiera
se qué abogados la representan en estos juicios. Pero si de algo estoy
seguro es que eso no es delito alguno. Seguramente sus comentarios crearán
un efecto disuasivo frente a muchos profesionales del derecho, pero
seguramente habrá quienes no nos dejaremos amedrentar, pues la lucha por la
justicia tiene muchos obstáculos, y uno de ellos es la intolerancia del
poder.
Sus comentarios coinciden con uno de los momentos más tristes del ejercicio
de la abogacía, donde los profesionales del derecho tenemos que sortear los
obstáculos más sagaces. Tenemos una justicia dependiente y deferente y ahora
hasta a directivos del gremio nombrados por sentencias. Pero esto lo vamos a
cambiar, eso lo veo en los ojos de mis alumnos, en el alma de las nuevas
generaciones. Vendrán mejores momentos, nos acercaremos a la justicia…
Atentamente,
Rafael J. Chavero Gazdik
Profesor de la Universidad Central de Venezuela