CorteIDH condenó a Venezuela por delitos contra familia Barrios

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado
venezolano es responsable por la violación de los derechos a la vida,
la integridad y la libertad personales, la vida privada, la propiedad
privada, la circulación y residencia, las garantías judiciales y la
protección judicial, entre otros, de algunos integrantes de la familia
Barrios, que residía en la población de Guanayén, estado Aragua.
Este caso fue litigado en el Sistema Interamericano por Cofavic, la
Comisión de Derechos Humanos de Aragua y el Centro para la Justicia y
el Derecho Internacional (Cejil).
Entre 1998 y 2011 fueron asesinados por arma de fuego siete
integrantes de la familia Barrios: Benito, Narciso, Luis Alberto,
Rigoberto, Oscar, Wilmer y Juan José Barrios. En 2011 Néstor Caudi
Barrios sufrió un grave atentado que lo ha dejado con lesiones de
carácter permanente. Las residencias de algunos miembros de la familia
fueron allanadas y sus bienes sustraídos y destruidos, al tiempo que
los familiares, incluyendo niños, fueron detenidos, agredidos y
amenazados en diversas oportunidades.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró probado que el
28 de agosto de 2008 funcionarios de la Policía de Aragua privaron de
libertad, agredieron y ejecutaron a Benito Barrios. De igual forma, la
Corte probó que el 11 de diciembre de 2003 funcionarios policiales del
estado privaron de la vida a Narciso Barrios y el 3 de marzo de 2004,
Jorge Antonio y Rigoberto Barrios fueron detenidos, agredidos y
amenazados por funcionarios de ese cuerpo policial.
El 19 de junio de 2004, Elbira Barrios, Luisa del Carmen Barrios,
Gustavo Ravelo, Jesús Ravelo y los niños Oscar José y Jorge Antonio
Barrios fueron detenidos y agredidos por funcionarios policiales.
Oscar José y Jorge Antonio Barrios fueron privados de libertad hasta
el 21 de junio del mismo año, siendo agredidos amenazados de muerte.
La CorteIDH concluyó que las detenciones hechas a la familia Barrios
fueron ilegales y arbitrarias, así como se determinó que funcionarios
policiales participaron en el atentado contra la vida del niño
Rigoberto Barrios el 9 de enero de 2005, por el que permaneció
hospitalizado para fallecer luego de 11 días, entre el 19 y el 20 de
ese mes.
La instancia califica de gravedad daños y violaciones a los derechos
humanos de menores, como lo ocurrido en este caso con Rigoberto
Barrios, Oscar José Barrios y Jorge Antonio Barrios, quienes eran aún
niños para el momento de las agresiones.
Conforme a su jurisprudencia, recordó el tribunal interamericano que
es deber del Estado aplicar medidas de prevención y protección, dado
que estaba consciente de la situación de riesgo de las víctimas y aun
así fueron privadas de sus derechos.
Venezuela tenía conocimiento del riesgo que corrían algunos
integrantes de la familia Barrios, las medidas cautelares de
protección tanto internas como otorgadas por el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos y, aun así, los miembros de la familia fueron
agredidos y privados del derecho a la vida, entre otros.
El Tribunal no consideró que el Estado haya adoptado las medidas
necesarias para garantizar la integridad y la vida de las víctimas y
sus familiares. De igual forma, la Corte consideró que la libertad de
circulación de las víctimas se vio limitada por las amenazas y
hostigamientos que originaron la partida de algunos de sus miembros de
la población de Guanayén, donde residían.
Medidas a cumplir
La Corte dispuso que la sentencia constituye una forma de reparación a
las víctimas y sus familiares, al tiempo que ordenó otras tantas
medidas que el Estado debe cumplir, entre las que se encuentran la
investigación penal del caso, determinar a los responsables y aplicar
las sanciones correspondientes tanto a los responsables de los hechos
como a aquellos funcionarios públicos que hayan contribuido con
irregularidades del caso, brindar atención médica y psicológica a las
víctimas que así lo soliciten, difundir la sentencia de la Corte,
realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad
internacional por los hechos, otorgar becas de estudio a instituciones
públicas venezolanas, acciones de capacitación y programas de
formación para los funcionarios policiales del estado Aragua y el pago
de indemnización por daños materiales e inmateriales y reintegro de
costas y gastos de las víctimas pagados por la Corte.
Ledezma advierte al mundo violación de DDHH en el país
Antonio Ledezma presentó este miércoles una comunicación ante la
embajada de Uruguay, país sede de la reciente cumbre de Mercosur, en
la que plantea su preocupación por la situación de los derechos
humanos en Venezuela mientras las naciones que componen este organismo
multilateral evalúan el ingreso de Venezuela al mismo. En el escrito
planteó la violación que significa para la democracia en Venezuela los
últimos hechos de violencia, acoso y asalto que se han perpetrado
contra inmuebles de la institución que dirige, situación agravada por
el recién secuestro de trabajadores y del diputado de la Asamblea
Nacional Oscar Ronderos, quien pidió la intervención del Parlamento
para que lo liberen. La comunicación fue recibida por la ministro
consejera de Uruguay, Pamela Vivas. “A través de esta comunicación le
decimos a todos los gobiernos de los países que participaron en la
reunión del Mercosur, a través del embajador de Uruguay, que
mientras el presidente de la República habla en ese país de
democracia y libertad, aquí en Venezuela se violan constantemente los
más elementales derechos humanos. Aquí grupos violentos han
secuestrado a humildes trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, a
quienes mantuvieron como rehenes por más de 40 horas”, aseguró el
Alcalde Metropolitano. Sobre el secuestro de trabajadores de su
despacho y del diputado Ronderos en la Torre Banco Lara, por parte de
supuestos reenganchados molestos por la falta de pago, el alcalde
Ledezma recordó que en todo momento su despacho ha estado en
disposición de dialogar. Califica como preocupante que en Venezuela
estas situaciones queden impunes. El alcalde Metropolitano, Antonio
Ledezma, aseguró que continuará adelantando diligencias ante las
diferentes sedes diplomáticas de gobiernos amigos y organismos
internacionales luchando para que se respeten los derechos humanos de
los venezolanos. (YU) (El
Universal) www.el-carabobeno.com