Gen Carlos Peñaloza
*** El 30 de mayo de 1991, sin aviso previo ni explicaciones Roberto Smith, Ministro de Transporte y comunicaciones de Carlos Andrés Pérez, decidió transferir a la empresa Telcel un lote de frecuencias asignada a las Fuerzas Armadas Nacionales. Esa fue la primera jugada de un fraude encubierto en los años 90 que aun sigue impune gracias a las extrañas decisiones de funcionarios públicos responsables por defender el patrimonio nacional.
Hay misterios venezolanos con tramas tan enrevesadas como cualquiera de las novelas de Agatha Christie. En el que hoy me ocupa, la componenda no sólo es compleja, sino extendida en el tiempo, a lo largo de la cuarta y quinta repúblicas. Los roles principales los tienen personajes de ambos bandos que ocupan o desempeñaron cargos de primer orden en la política, la banca e incluso periodistas muy conocidos. Son peces muy gordos y gracias a ello han podido desviar la justicia al punto de lograr que se desconozca el cúmulo indiciario. La revolución podrida ha ocultado este caso de evidente corrupción.
El tema me interesa no solo como ciudadano, sino también a título personal porque el daño patrimonial hecho se centró en el Sistema de Comunicaciones para la Defensa Nacional (SICODENA), del cual siendo capitán fui uno de los diseñadores y en el regimiento de Comunicaciones General en Jefe José Tadeo Monagas del Ejercito del cual siendo coronel fui comandante fundador en 1982. Posteriormente esta unidad fue convertida en la 34 Brigada de comunicaciones del Ejercito.
El 5 de junio de 1991 fui destituido como comandante General del Ejercito tras haber denunciado ante la comisión de defensa de la Cámara de Diputados al entorno más inmediato del Presidente de la República Carlos Andrés Pérez por un caso de corrupción sustentado con todas las pruebas materiales necesarias. El único efecto de esa denuncia que recibió amplia cobertura en todos los medios de comunicación, fue que de inmediato se me pasó a retiro sin miramiento alguno. Para cerrar el caso el presidente Pérez dijo aquella frase histórica que su jefe de seguridad Orlando García no le había vendido al gobierno “ni una navajita”. Así funcionaba la justicia en esa época y así actúa todavía.
Cinco días antes de mi retiro y sin yo saberlo, Roberto Smith, el ministro de Transporte y Comunicaciones de CAP decidió transferir sin autorización de los usuarios un lote de frecuencias radioeléctricas asignadas a las FAN a la empresa TELCEL para ser usadas en transmisión celular. Aunque el ex ministro Smith es un político y empresario conocido, es el actor menos relevante en el elenco de el misterio de las frecuencias militares. Esas frecuencias no podían ser asignadas a otros usuarios sin la autorización del Ministro de la Defensa y del Comandante General del Ejército, cargo que yo ocupaba en ese momento. Ni el presidente, ni Roberto Smith se comunicaron conmigo para tratar este tema. Por ello desconozco si el Sr Smith fue autorizado por el presidente de la república para actuar como lo hizo. De ser asi debe tener copias de la cuenta que presentó para obtener el permiso correspondiente, debidamente firmadas por el jefe de estado. Además debe tener pruebas de las diligencias que ha debido hacer para comunicar esa decisión a los usuarios en las FAN y de las exigencias que hizo a TELCEL para resarcir el daño patrimonial causado por esta decision en el seno del estamento castrense.
Cuatro días después de la autorización de la transferencia de las frecuencias fui dado de baja. No creo que mi retiro forzado se debió al tema de las frecuencias, pero la fecha de firma parece sospechosa incluso a mentes poco suspicaces. Meses más tarde me enteré que las frecuencias del Regimiento de Comunicaciones estaban siendo interferidas por TELCEL. Esta empresa reconoció que había causado problemas a las comunicaciones de las fuerzas armadas y se comprometió a cubrir los gastos necesarios para corregir el problema. La información me tranquilizó y me olvidé del asunto durante varios años.
Recientemente leí en la prensa varios artículos sobre el tema donde se habla de un presunto fraude contra la república en este caso. Además leí un libro titulado “La traición encubierta”, escrito por el abogado Nelson Ramírez Torres donde se revela un enorme fraude cometido contra la Nación, el cual además puso en peligro la seguridad nacional. Ese fraude ha sido denunciado varias veces, pero debido a la influencia de los personajes involucrados, se le ha venido echando tierra desde mi retiro del ejército hace dos décadas. El caso fue presentado por el abogado Ramírez ante la Fiscalía con múltiples pruebas y aun así la demanda fue declarada sin lugar por las autoridades competentes, antes de concluir las averiguaciones correspondientes.
Dado que fui un usuario de esas frecuencias en el ejército y además participe en el proceso de asignación de esas frecuencias creo necesario hacer del conocimiento público lo que se del asunto. En todo caso la idea es arrojar luz sobre este descomunal fraude y traer ante la justicia publica a los responsables. El aparente enigma no es tan incomprensible, pero los involucrados tienen suficiente poder para impedir que la ley se les aplique y andan libres por la calle como si no hubiesen cometido un serio delito. Este travestismo de la justicia debe terminar si queremos hacer de Venezuela un verdadero estado de derecho y no un país donde impera el abuso, la corrupción y el encubrimiento de graves delitos contra la cosa pública. Los venezolanos no podemos permanecer indiferentes ante el abuso de los poderosos y la expoliación del Estado. En los próximos artículos ahondaré sobre este caso para evitar que siga impune.
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