Adolfo R. Taylhardat
El proyecto de ley de Cooperación Internacional (PLCI) aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2006 pretendía imponer trabas y controles sobre la cooperación internacional y generó justificada preocupación en diversas organizaciones venezolanas de la sociedad civil y también fundados temores entre los gobiernos y las instituciones no-gubernamentales extranjeras que desarrollan programas o apoyan financieramente proyectos de cooperación en Venezuela. Entre otras cosas, la LCI coartaría el derecho constitucional a la libre asociación y obstaculizaría la integración social y la contraloría social.
Representantes o directivos de diversas ONGs intentaron presentar a la Asamblea Nacional observaciones y participar en el proceso de “consultas” que supuestamente se llevaba a cabo en relación con ese proyecto. Esas gestiones resultaron absolutamente infructuosas.
Los temores de las ONGs se vieron confirmados en diversas declaraciones de diputados de la Asamblea General. El Diputado Roy Daza dijo que el PLCI “prohibirá que aquellas ONGs "políticas" que critican al Gobierno nacional reciban financiamiento internacional”. El diputado Calixto Ortega dijo que “Para nadie es un secreto que buena parte de las “contribuciones” que vienen hacia Venezuela tienen claros objetivos políticos”. El diputado Pedro Infante aseguró que “El objetivo es penalizar con el delito de traición a la patria a todos aquellos que reciban financiamiento o donaciones de gobiernos extranjeros para subvertir el orden institucional”.
Desde la aprobación en primera discusión en diciembre de 2006 el PLCI durmió “el sueño de los justos” hasta noviembre del año pasado seguramente porque al mandón de Miraflores no le satisfizo el texto elaborado por la AN. El 23 de noviembre pasado el presidente exigió que se acelerara el examen parlamentario del texto y argumentó: “¿Cómo vamos nosotros a permitir que partidos políticos, ONGs, personalidades de la contrarrevolución sigan siendo financiados con millones y millones de dólares del imperio yanqui?”. El 1º. de diciembre hizo otro llamado urgente a la AN para que aprobara una ley que permitiera controlar el acceso de las ONGs al financiamiento externo.
La AN robótica no se hizo esperar. 20 días después el PLCI fue sustituido por la “Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional” (LDSPAN) la cual fue sancionada en tiempo record y sin previo conocimiento de la ciudadanía en el maratón legislativo de las últimas semanas del año 2010. El 21/12 recibió la sanción legislativa, el 22/12 fue promulgada y el 23/12 salió publicada en Gaceta Oficial
La LDSPAN no menciona la cooperación internacional, pero con el subterfugio de la “protección de la soberanía y la soberanía nacional” - concepto amplio cuyos alcances se prestan para ser interpretado y aplicado mañosamente |-, está claramente concebida para imponer un control estatal y asfixiar financieramente a los partidos políticos de oposición privilegiando al partido del gobierno.
Además la LDSPAN pone en evidencia el terror que le infunden al gobierno las iniciativas o actividades de las ONGs dedicadas a proteger y defender a los ciudadanos de las arbitrariedades que comete el régimen. Con la nueva Ley estas organizaciones, que normalmente se benefician de la solidaridad internacional, también quedan reducidas a depender de la generosidad de bienhechores nacionales.
No pudiendo recibir apoyo financiero del exterior, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil verán su capacidad de acción prácticamente coartada.
La LDSPAN literalmente criminaliza la cooperación internacional al castigar con penas pecuniarias consistentes en multa equivalente al doble del monto recibido y hasta con inhabilitación política a las instituciones o a sus responsables que violen la prohibición de recibir recursos del exterior. Además permite al gobierno a prejuzgar y calificar el motivo por el cual una personalidad extranjera ha sido invitada por algún partido político o por una ONG y hacer responsable a la institución invitante de las opiniones, expresiones o juicios que emita dicha personalidad.
Esa ley pone en evidencia el doble estándar dentro del cual se mueve füehrer Chávez. Al tiempo que impide el flujo de apoyo financiero externo para los partidos y las ONGs, conserva plena libertad para continuar haciendo cuantiosas donaciones y financiando organizaciones y movimientos afines a su proyecto político en otros países, interviniendo y violando descaradamente la soberanía de esos Estados, sin que exista la posibilidad exigirle rendir cuenta de su munificencia.
A pesar de ser mucho más arbitraria y abusiva que el PLCI, la LDSPAN no ha generado el rechazo que merece un instrumento legal ignominioso como ese. Será porque fue dictada dentro de la vorágine de leyes arbitrarias e inconstitucionales que sancionó la AN en las últimas semanas del año pasado en pleno período de festividades navideñas y de fin de año.
Pero, el que calla otorga.
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