Lo aberrante, y que me perdonen mis amigos de la MUD y el liderazgo político venezolano, es que el Sr. Insulza vaya por delante de la dirigencia opositora venezolana. Y que haya sido él y no el Sr. Ramón Guillermo Aveledo o los secretarios generales de los partidos, el que haya metido el dedo en la purulenta llaga de la dictadura que afije a los venezolanos y señale la única política correcta tocante a la médula del problema del Poder hoy planteado en Venezuela: la derogación inmediata de la Ley Habilitante y la rediscusión del tristemente célebre paquete de leyes golpistas. Vale decir: la devolución de la majestad soberana a la recién electa asamblea. ...
Ése, no otro es el problema político urgente que debemos acometer todos los demócratas por todos los medios que la Constitución garantiza y exige, cuando se violan sus principios fundamentales: exigir la inmediata restitución del Poder Legislativo a la Asamblea Nacional y cerrarle el paso a la dictadura. O precipitarnos en los abismos.
Pedro Lastra
"Ese, no otro es el problema político urgente que debemos acometer todos los demócratas venezolanos por todos los medios que la Constitución nos demanda y garantiza, cuando se violan sus principios fundamentales: exigir la inmediata restitución del Poder Legislativo a la Asamblea Nacional y cerrarle el paso de una vez por todas a la dictadura. O precipitarnos en los abismos."
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Asombra constatar el silencio de los sesenta y cinco diputados opositores recién juramentados, como el de la MUD que los seleccionara y de la dirigencia partidista que los propusiera, - por no hablar del pueblo que los eligiera - ante un hecho tan aberrante, que hace incluso cuestionable la presencia de esa capito disminuida bancada opositora en el Capitolio: la privación y el arrebato del Poder legislativo que debieran detentar y les fuera delegado en pleno ejercicio de la soberanía popular por casi seis millones de electores, equivalente a más del 52% de la ciudadanía, realizados por sus agónicos antecesores, cumpliendo órdenes del presidente de la República.
¿Puede guardarse silencio y, peor aún, aceptar tácita o expresamente, que una asamblea electa hace cinco años por 3,398,567 votantes de un censo de 14.272.964 electores, pueda ir más allá de sus atribuciones y aplaste los derechos constitucionales de la asamblea actualmente vigente, electa por 11.097.667 de votantes? ¿Puede aceptarse el secuestro por el ejecutivo del Poder Legislativo electo por la soberanía popular?
¿Pueden los salientes diputados del PSUV, puestos en sus cargos por el dedo del teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, que se arrastraban al fin de su mandato y que no fueran respaldados en diciembre del 2005 más que por 1.871.419 ciudadanos en unas elecciones altamente controvertidas, pues se cumplieron ante un arrollador cuadro abstencionista de más del 80% del padrón electoral anular el Poder que le otorgaran a los diputados de la oposición democrática, casi 6.000.000 de votantes, vale decir: un respaldo en legitimidad tres veces mayor que el de sus castradores?
¿Podían esos escuálidos y agónicos diputados salientes por ordenes de su comandante presidente cambiar las reglas del juego y convertir la nueva asamblea, ésta sí verdaderamente representativa, si bien absolutamente pervertida en la distribución de curules por un régimen electoral turbio y nefasto, fijar un reglamento interno sin otro auténtico propósito que convertirla en un salón de diputados condenados a ser parlanchines ociosos, inocuos y carentes de toda representación, capacidad legislativa y soberanía? ¿Podían esos diputados reducir la existencia de esta nueva asamblea, reflejo cercano a la verdadera correlación de fuerza que le da a la oposición democrática la mayoría absoluta de la representación electoral, rebajar la legislatura futura a reuniones mensuales en donde el derecho de palabra se reduce a la posibilidad de desfogar algunas indignaciones en algunos miserables minutos? ¿Y darle arbitraria e inconsultamente la presidencia a un payaso cataléptico sin otro propósito que humillarla hasta el escarnio?
¿Se ha visto en la historia del parlamentarismo una acción más dictatorial que la acometida por el despojo de un cuerpo exangüe y carente de toda legitimidad contra la legítima voluntad soberana del pueblo, entregándole sus legítimos poderes a un usurpador de la voluntad popular?
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La aberración de este atropello radica no sólo en el atrabiliario y autoritario acto de desconocimiento de la majestad parlamentaria y la burla a la separación de los Poderes, esencia de todo sistema democrático, contenido en el acto de fuerza del presidente de la república, sus obsecuentes y agavillados parlamentarios, la justicia del horror que lo permite, la fiscalía que lo garantiza, la contraloría que guarda silencio y la defensora del pueblo que duerme el eterno sueño de los cómplices. Lo sucedido el 18 de diciembre es un capítulo ya conocido en la clásica y caricaturesca historia de las dictaduras bananeras, como la ahora representada por este comandante Tapioca salido de los llanos y sus hordas de arlequines, tinterillos y amanuenses asamblearios. La aberración radica no sólo en el golpe de Estado que ese paquete de Leyes y la más indigna e írrita de ellas, la Habilitante, le infringe a la institucionalidad democrática y a los escasos restos de democracia que aún perviven bajo el blindaje de esta práctica dictadura que se nos ha impuesto el 18 de diciembre de 2010 a los venezolanos.
La aberración tampoco radica en el silencio de los propios diputados opositores, mayoría popular convertida en minoría parlamentaria por las fraudulentas, aunque aceptadas reglas del juego electoral del CNE. Como lo sabe todo el mundo. Ninguno de los cuales, por lo menos hasta el momento en que esto escribo, se ha dignado elevar su protesta por la amputación de sus atribuciones y derechos, exigiendo la inmediata restitución de su majestad, demandando de paso la inmediata disolución de esa espuria directiva presidida por ese títere cataléptico, que manejado desde Miraflores hace reír secretamente a su cofradía o avergonzarse a los pocos de ellos que todavía mantienen un pequeño y elemental respeto por si mismos. Esos que sin duda deben existir y conformar una parte importante del tinglado oficialista, o Chávez no hubiera salido con esa insólita, esperpéntica y macondiana Ley Anti Talanquera.
La aberración radica en un hecho por demás tan manifiesto que asombra por evidente: ese golpe de estado, ese atropello constitucional, esa burla a la voluntad ciudadana, esas bofetadas circenses al rostro de nuestros parlamentarios y ese acto de brutalidad cuartelera, tiene lugar cuando su parafernalia política, social y económica se encuentra en el aire, agarrada con alfileres, sostenida única y exclusivamente por la pusilanimidad de quienes no aceptan o se niegan a advertir que Chávez se tambalea, está al borde del abismo, yace desnudo en su naturaleza despótica. Y que, puesto en la encrucijada entre Poder y No Poder, se verá enfrentado a la dolorosa e inevitable obligación de hacer mutis. Con su tinglado de chupatintas, sus mafias cleptocráticas, sus cuentas bancarias, sus milicianos, sus cubanos y sus pretensiones imperiales.
La aberración consiste en que Chávez osa montar su dictadura cuando el país entero comienza a despreciarlo por bocón, por irresponsable, por fanfarrón, por inescrupuloso, por inmoral, por incapaz. Sin masas fervorosas en que apoyarse, sin ética revolucionaria, sin logros que exhibir, sin ningún respaldo internacional. Con el país en ruinas, el petróleo a la deriva, la inseguridad al alza, la economía amenazando tempestades. Frente a una opinión pública que lo ve al desnudo como el clásico tirano del Caribe. Digno de Valle Inclán.
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En estas circunstancias, en medio de esta crisis que se ahonda día a día y demanda a gritos por una solución rápida, incruenta, civilizada, Chávez, consumido por el delirio de sus fantasías, ha cometido el peor error de su vida: un golpe inadecuado, usando a los hombres inadecuados, en el momento inadecuado. La ambición rompe el saco. Se lo tragó el Poder.
Ninguna expresión política más adecuada a los tiempos que vivimos que escuchar al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, denunciando el golpe de Estado parlamentario de Hugo Chávez. Ninguna amenaza más insólita que la de llevar el caso a la Asamblea General de la OEA y exigir la anulación de la Ley Habilitante. Ningún acontecimiento más significativo que amenazar con la aplicación de las disposiciones contenidas en la Carta Democrática.
Con lo cual, de un solo golpe y sin ensuciarse el traje, el Sr. Insulza restituye la majestad de su cargo y la de la Organización de Estados Americanos, a su cargo. Lo cual, créaseme, no puede haber acontecido sólo por iniciativa propia y sin previa consulta con los miembros más conspicuos del organismo. No es por causalidad que en Chile, en donde ha tenido un papel protagónico en momentos muy cruciales, como cuando la detención de Pinochet en Londres y la amenaza de someterlo a juicio por el juez Baltazar Garzón, se le llame “el Panzer”. Actúa sólo cuando debe y con inigualable contundencia.
Lo aberrante, y que me perdonen mis amigos de la MUD y el liderazgo político venezolano, es que el Sr. Insulza vaya por delante de la dirigencia opositora venezolana. Y que haya sido él y no el Sr. Ramón Guillermo Aveledo o los secretarios generales de los partidos, el que haya metido el dedo en la purulenta llaga de la dictadura que afije a los venezolanos y señale la única política correcta tocante a la médula del problema del Poder hoy planteado en Venezuela: la derogación inmediata de la Ley Habilitante y la rediscusión del tristemente célebre paquete de leyes golpistas. Vale decir: la devolución de la majestad soberana a la recién electa asamblea. Para desbrozar el camino hacia las elecciones presidenciales del 2012. Pues de lo contrario, nuestros precandidatos podrían quedarse con sus precipitados crespos hechos. Y Chávez, el eterno candidato de si mismo,
petrificado ante una descomunal sorpresa.
Ése, no otro es el problema político urgente que debemos acometer todos los demócratas por todos los medios que la Constitución garantiza y exige, cuando se violan sus principios fundamentales: exigir la inmediata restitución del Poder Legislativo a la Asamblea Nacional y cerrarle el paso a la dictadura. O precipitarnos en los abismos.
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