Un reporte confidencial ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia revela una amplia red de jueces que favorecieron a personas acusadas de delitos que van desde narcotráfico hasta asesinatos, presuntamente tras recibir pagos ilegales.
El informe, una copia del cual fue obtenido en exclusiva por ImpactoCNA, fue ordenado por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) del TSJ, tras recibir numerosas denuncias y evidencias de que jueces de los estados Lara y Carabobo estaban actuando de forma “complaciente” otorgando medidas de libertad o de casa por cárcel a peligrosos narcotraficantes.
El informe, inédito hasta ahora, cubre una indagación realizada entre los años 2000 y 2005, por la Dirección General de Seguridad del TSJ, a cargo de un oficial de inteligencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y revela nombres y apellidos de jueces cuya actuación fue cuestionada y sometida a investigaciones disciplinarias.
El reporte indica que entre los años 2000 y 2005, “el estado Lara se había convertido en el paraíso de la impunidad para los narcotraficantes, secuestradores y corruptos”, debido al inusual número de sobreseimientos, libertades plenas y condicionadas a través de medidas cautelares, que se tomaron en tribunales de ese estado.
El reporte hace una detallada relación de las “mafias tribunalicias” que controlan el sistema judicial en el estado Lara, donde en un mismo tribunal trabajan hermanos, sobrinos, cuñados y otros familiares del juez titular, en un abierto nepotismo que atenta contra las leyes.
A continuación los extractos más importantes del informe dedicado a los tribunales en el estado Lara. En una segunda entrega ImpactoCNA ofrecerá detalles de la corrupción en el estado Carabobo. Así mismo, se prepara una entrega sobre sentencias preparadas por magistrados en acuerdo con fiscales del Ministerio Publico para condenar o extorsionar a algunas personas a las que se le seguía juicio. Muchos de los nombres que serán revelados corresponden a personas que viven en el exterior y ex magistrados que disfrutan de una relativa posición social y publica y continúan ejerciendo impunemente su profesión como abogados.
•“En el año 2000, la Corte de Apelaciones del Estado Lara devuelve bienes confiscados y da la libertad a un narcotraficante, a quien se le incautan doce kilos de heroina líquida, en un procedimiento que era seguido desde San Cristobal y es realizado en el Estado Lara, donde los tres jueces que conformaban la Corte de Apelaciones para ese momento, producen la decisión que complace una vez más al narcotráfico”.
•En el año 2002, el juez José Vicente Sandoval, ex presidente de la Corte de Apelaciones, otorgó la libertad a una persona que era su compadre y había sido su cliente en el Estado Cojedes, quien estaba siendo juzgado por el delito de homicidio calificado, un episodio conocido como el caso Ecarri. El caso era conocido por la existencia de un video donde observa al homicida acciona el arma en una manga de coleo, y fue tranmsmitido en las televisoras nacionales. Este procesado se mantuvo desde ese entonces en libertad, con una medida cautelar hasta principios del 2006, cuando violó el beneficio y le fue revocado.
•En el año 2003, la jueza Belinda Alvarado otorga una medida cautelar a dos ciudadanos españoles, a quienes se les incautaron 240 kilos de cocaína. Estas personas fueron beneficiadas con un arresto domiciliario. Más tarde, uno de los procesados viola la medida complaciente y es capturado en España con 500 kilos de cocaína. Actualmente está purgando condena en un centro penitenciario del estado, y no en su casa. El otro procesado ha disfrutado de su arresto en la comodidad de su hogar, burlando la justicia aún cuando es responsable de esa gruesa cantidad de droga incautada.
•A mediados del año 2003, el juez Alvaro Guerrero da la libertad a un extranjero (colombiano) sin residencia en el país, alegando que el procesado estaba deprimido en la cárcel de Uribana, siendo que a este procesado le fue incautada la cantidad de 1280 kilos de cocaína mientras la transportaba. Es de hacer notar, que mientras esta inmensa cantidad de droga se encontraba custodia del Destacamento 47 de la Guardia Nacional, parte de ella fue sustraída de la sala de evidencias de esa instalacion militar.
•En este mismo año 2003, el juez Domingo Martínez, da la libertad a William Fajardo, el llamado “Zar de la Droga”, a quien se le incautaron 3.500 kilos de cocaína y fue acusado del delito de legitimación de capitales. Luego de varias diligencias procesales, se consigue revocar la libertad de este narcotraficante y en los actuales momentos, se encuentra en el centro penitenciario, gracias a la acción de los jueces honestos que no permitieron la salida de este Zar de la Droga.
•En el año 2004, la jueza Lina Dupuy, otorga libertad a Carlos Alberto Decaies, un homicida convicto, confeso y condenado, calificado como psicópata, quien asesinó a una familia completa (padre, madre e hija) utilizando una mandarria y enterraándolos en su propia casa. Luego, la Corte de Apelaciones revoco dicha decision, ordenando su detenón inmediata.
•En el año 2004, el presidente del Circuito Penal del Estado Lara, para ese entonces, Leonardo López, es investigado por la Fiscalia de Salvaguarda de ese estado, porque se le imputa el delito de corrupcion judicial, en virtud de que, entre otras cosas, las decisiones que él tomaba, eran hechas en un bufete de abogados. Incluso el abogado defensor en un caso de corrupción, forma parte del bufete que fue allanado y donde se presume se hacían las sentencias que dictaba el citado juez, el cual formaba parte de la Corte de Apelaciones del estado Lara, actualmente suspendido. Aunado a ello, el referido juez manipulaba incluso la distribución de las causas a través del sistema Juris, solicitado a través de un abocamiento por parte de la Sala de Casacion Penal del TSJ, por lo que dicho expediente, en la actualidad, reposa en la referida sala, a la espera de decisión.
•En los primeros meses del año 2005, el Juez Wilmer Muñoz da libertad a una pareja que se le incauta dos kilos de cocaína, empacados en dediles, junto a pasaportes, boletos aéreos con destino a Madrid, euros, pesos colombianos y dólares. Este juez fundamenta su decisión en los dichos de la defensa, que nunca fueron comprobados, a pesar de los elementos de convicción que incriminaban a la pareja, y que el juez no tomó en cuenta. Luego, la Corte de Apelaciones ordenó la captura de los narcotraficantes, pero al quedar en libertad, se fugaron.
•En este mismo año de 2005, el juez Wilmer Muñoz otorga libertad a cuatro homicidas del ingeniero Saenz, valiéndose de un tecnicismo jurídico y a través de medidas cautelares se burló de la justicia y de las víctimas. Esta escabrosa decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones del Estado Lara, que ordenó captura y reclusión y a esta fecha los homicidas fueron condenados y purgan condena en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental.
•También en el 2005, la Corte Accidental del Estado Lara conformada por los jueces Marcos Aponte, Ana Grau y Dulce Mar Montero, esta última con voto salvado, ante la grotesca decisión, en la cual se acuerda dar una medida cautelar a los cinco ex funcionarios del Seniat quienes fueron sorprendidos en flagrancia, extorsionando a un rector de una universidad del Estado Lara. A estos procesados se les imputaban los delitos de concusión, agavillamiento y resistencia a la autoridad. Así mismo dicha corte accidental anuló el 70 por ciento de las pruebas de la fiscalía para favorecer a los procesados. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revocó tal decisión y ordenó incorporar las pruebas al proceso por ser legítimas y legales, poniendo orden en el proceso. En ese mismo caso, la jueza Laura Adams, favoreció con omisión de pronunciamiento a los procesados con el objeto de mantenerlos en un sitio de reclusión que no les correspondía, pero donde conseguían privilegios.
•En marzo de 2005 es otorgada la libertad a Johnny Bolivar (Capitán Bolívar), acusado de secuestro, por la juez Menphis Alvarez. Esta magistrada tomó la grotesca decisión de suspender las medidas cautelares de prohibición de enajenar y grabar y secuestro sobre los bienes incautados, dejando en indefensión a las víctimas del secuestro y al Ministerio Público. Esta decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones del Estado Lara, a través de un amparo, ordenándose nuevamente su privación de libertad y el mantenimiento de las medidas cautelares. Finalmente, en febrero de 2006, el acusado Jhonny Bolivar fue condenado a cumplir 23 años de prisión.
•Mientras esto ocurría en los tribunales penales, los tribunales civiles en Lara eran manejados por familias y bufetes que decidían la suerte de los casos más importantes en esa entidad federal, el nepotismo, la anarquía, el compadrazgo y el tráfico de influencias, se adueñaron de todo el sistema judicial civil.
•Se han detectado importantes casos de nepotismo en el estado Lara como el caso siguiente: En los Tribunales Superiores Civiles del Estado Lara encontramos entre otras cosas que, la doctora Delia Raquel Pérez de Anzola, era la Juez Superior Civil (titular); Gustavo Adolfo Anzola, conjuez Superior Civil (suegro de Delia Raquel Pérez de Anzola); Miguel Anzola conjuez de otro Tribunal Superior Civil, (hijo de Gustavo Adolfo Anzola y cuñado de Delia Raquel Pérez de Anzola), y aunado a eso, el abogado Gustavo Adolfo Anzola, es primer Conjuez del Tribunal Superior Contencioso Administrativo siendo (su nuera), la abogada Sandra Arce Crespo, Segunda Conjuez. En los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, cuatro (4) en total, el Tercero Civil, el titular es el abogado Julio César Febres; y en Segundo Civil la titular es Tamar Granados (quienes son cuñados). Así mismo encontramos que el personal medio del poder judicial, se reparten los cargos entre hijos, sobrinos, primos y demás familiares de los jueces que los componen, incluso tribunales donde trabajan esposos y cuñados de una misma persona, situación ésta que la DAR de Lara está tratando de erradicar.
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