Notarios exigirán las autorizaciones del INTI
En la nueva reforma de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario publicada por el Ejecutivo Nacional se incluye una disposición final que indica que los dueños de tierras o fincas no podrán efectuar ningún acto de “transferencia de propiedad” o gravamen sin contar con la autorización del Instituto Nacional de Tierras (Inti).
Así reza la disposición:
”Los registradores o notarios exigirán las autorizaciones previstas en esta ley, y no podrá protocolarizarse, reconocerse o autenticarse por ante la Notaría u Oficina de Registro Público alguna, sin la debida autorización del Inti, ningún acto de transferencia de la propiedad, gravamen de tierras con vocación agrícola o bienhechurías (…)”, se lee en el documento.
La aprobación del Inti también se requerirá cuando el dueño de la finca desee ejecutar la constitución de sociedades, celebrar contratos de mandato, hacer arrendamientos, comodatos, cesión de derechos, medianería, aparcería, usufructo o cualquier otro negocio que implique el aprovechamiento de la tierra con vocación agrícola “de forma indirecta”.
Vulnera la propiedad privada:
El director general de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Carlos Odoardo Albornoz, considera que esa disposición incluida en la reforma es “inconstitucional”. Esto se debe a que vulnera el derecho al uso, goce y disposición de la propiedad privada.
Albornoz explica que ese artículo condiciona a un funcionario público el uso y disposición de la finca o parcela.
“Se exige llevar al Registro Público una autorización de un funcionario para vender la propiedad. Y con esto perdemos el derecho a disponer del bien”, dijo.
El directivo del gremio de productores cuestionó que el protagonista de la normativa sea el término “usufructo”. “De ser propietarios pasamos a ser usufruantes, que además es una suerte de tercerización, figura que queda eliminada en esta reforma”, indicó Albornoz.
Y es que en el artículo 7 de la norma queda establecido lo siguiente: “El latifundio, así como la tercerización, son mecanismos contrarios a los valores y principios del desarrollo agrario nacional y, por lo tanto, contrarios al espíritu, propósito y razón de la presente ley”, se indica en el documento publicado en la Gaceta Oficial 5.991.
El director de Fedeagro para el Oleginosas, Leguminosas y Textiles, Ramón Bolotín, explicó que la prohibición del mecanismo de tercerización afectará a corto plazo la producción de rubros que se basan especialmente en ese modelo, como el caso del cultivo de las hortalizas.
“Rendimiento idóneo”
Albornoz también cuestionó el artículo 35 de la norma, que incorpora el término “rendimiento idóneo” de las tierras. Ahí se plantea que se considerarán ociosos los terrenos que no estén siendo desarrollados bajo ninguna modalidad productiva o que en los que se evidencie un rendimiento menor a 80%.
“Actualmente existen 30 millones de hectáreas (Has) en el país con vocación agrícola, pero sólo están productivas 3 millones de has. ¿A qué se debe? Falta de incentivos, a la inseguridad económica, jurídica y personal de los productores, falta de sistemas de riego y de insumos, como fertilizantes que debe proporcionar Pequiven. Aunque sabemos que ahí se hacen esfuerzos, no están en capacidad de dar todo el suministro”, dijo.
Albornoz cree que todos estos elementos incluidos en la norma impactarán en el otorgamiento de financiamientos por parte de la banca pública y privada.
Considera que la ley llega en un momento de contracción de la actividad agrícola, que acumula en la última década una inflación de 90%, según datos del Iesa citados por el directivo. “Esto tiene que ver con aumento de salarios en el sector y subida de los costos de producción, mientras que los precios de venta están regulados y que la rentabilidad de los rubros es negativa”, señaló Albornoz.
Ileana García Mora
igarcia@cadena-capriles.com
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