Publicado el 6 de julio de 2010
By Thor Halvorssen
El mayo pasado, una hacienda privada ubicada en medio de las praderas de Venezuela fue confiscada por el presidente Hugo Chávez. Posteriormente, Chávez describió que el dueño de la hacienda “ahora anda por ahí chillando, y dice que va a recuperar su tierra. Tendrá que tumbar a Chávez para recuperar su tierra, tendrá que tumbar a Chávez para recuperarla porque ahora esa finca es del pueblo.”
El dueño de la hacienda es Diego Arria. Mientras Chávez ha calificado a Arria como un “cadáver insepulto” del pasado de Venezuela, Arria difícilmente cabe en esta descripción.
Con setenta años de edad, Arria se ha desempeñado como Embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), como Secretario General Adjunto de la ONU, y como asesor personal del ex Secretario General, Kofi Annan.
Arria acaparó la atención mundial cuando, como Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, condenó a la comunidad internacional por no haber actuado decididamente en contra del presidente serbio Slobodan Milosevic por su trato brutal hacia los musulmanes bosnios. Arria fue el principal testigo durante el juicio seguido en contra de Milosevic por el genocidio en Srebrenica. Antes de trabajar en la ONU, Arria era una figura política en Venezuela. Entre otros cargos públicos, Arria había sido gobernador de Caracas en la década de 1970.
En 1988, Arria compró la hacienda en 300,000 dólares y la llamó “La Carolina” en memoria de su difunta hija. La propiedad estaba en ruinas, así que Arria la renovó y restauró hasta convertirla en una hacienda completa, con plantaciones de café orgánico y pasto suficiente para alimentar a un ganado que llegó a producir 2500 litros de leche por día.
Bajo el pretexto de confiscar “tierras ociosas”, el Instituto Nacional de Tierras de Venezuela irrumpió en la propiedad el 1 de mayo, con un pelotón de soldados que allanaron la casa a punta de pistola. Se llevaron la ropa de Arria e incluso sus botas de montar como trofeos.
Treinta y ocho familias dependían de La Carolina para su sustento. Se les dijo que vayan a conseguir empleo a otra parte. Las vacas, que según dijo Chávez en televisión “estaban muriéndose de hambre”, fueron repartidas como obsequios. Una de ellas terminó sobre una parrilla, cocinada para el propio presidente Chávez. Me comuniqué con un ex empleado de La Carolina, quien me contó que los caballos de la hacienda fueron sacrificados y vendidos como “carne de res”. La confiscación de la finca de Arria y el saqueo de sus bienes, no tienen nada que ver con el derecho venezolano o con la “recuperación de tierras ociosas”. De hecho, el gobierno venezolano es el mayor propietario de tierras en el país y la mayoría de éstas se encuentran ociosas.
En cierto modo, yo me siento responsable por la situación de Arria. En abril, le extendí una invitación para participar en el Oslo Freedom Forum, un foro sobre derechos humanos que se realiza en Noruega y que este año incluyó a Lech Walesa, Rebiya Kadeer, Anwar Ibrahim y Garry Kasparov.
Fue su participación en esta conferencia lo que obligó a Arria a manifestarse en contra de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Chávez. Arria declaró, frente a los medios de comunicación que cubrían el foro, que algún día Chávez iba a tener que enfrentarse a la justicia internacional por los crímenes cometidos contra el pueblo venezolano. La reacción del gobierno de Chávez ante las declaraciones de Arria fue rápida e implacable.
La confiscación de La Carolina fue el castigo de Arria por criticar a Chávez. Inclusive, Chávez había mostrado fotografías de la hacienda en la televisión estatal venezolana. Chávez se deleitó comparando la hacienda de Arria con “Falcon Crest” —la hacienda vinícola que aparecía en el programa de televisión estadounidense de la década de 1980— y destacó la existencia de una piscina como símbolo “burgués”. Este tipo de comentarios sólo pretende sembrar el resentimiento en la mente de aquellos que creen que la desigualdad en la distribución de la propiedad privada representa una injusticia que debe corregirse a través del robo.
Lo irónico del caso es que la propia familia de Chávez tenía muy pocos bienes cuando éste llegó a la presidencia en 1999. Sin embargo, hoy en día, su padre y sus hermanos poseen extensas propiedades en el estado venezolano de Barinas. Han adquirido tanta riqueza mal habida —que muestran con tanta ostentación y vulgaridad— que varios medios de comunicación europeos se han referido a la familia de Chávez como “La Familia Real de Venezuela”. Un incidente poco conocido fue la disputa interna y posterior caída de los compinches de Chávez cuando se reveló el fraude del Stanford Bank. Este banco colapsó junto a varios miles de millones de dólares saqueados de las arcas del tesoro venezolano.
A pesar de la nueva riqueza de la familia Chávez y la camarilla que gobierna a Venezuela, el país sufre de altos porcentajes de extrema pobreza y es, en la actualidad, uno de los países más violentos del mundo. La economía de Venezuela está en ruinas, pero Chávez continúa financiando polémicos proyectos internacionales. Por ejemplo, proporciona apoyo al grupo terrorista FARC en Colombia (recientemente, se ha revelado a la opinión pública que Chávez les ha suministrado misiles suecos comprados por Venezuela). Chávez también fue recientemente señalado en España, por haber facilitado entrenamiento a los terroristas vascos del grupo ETA en campamentos que las FARC tienen en Venezuela. Su inclinación por los pillos y villanos se extiende a las alianzas que ha forjado con los gobernantes de Bielorrusia, Irán, Libia, Siria, Zimbabwe, y especialmente Cuba. Chávez también continúa enviando miles de millones de petrodólares, en calidad de ayuda, para sostener a los gobiernos de Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua —pese al extremo estado de necesidad en el que se encuentran muchos ciudadanos venezolanos.
Desde 2006, el Estado venezolano ha llevado a cabo más de 800 confiscaciones en diferentes industrias y tipos de propiedad: fincas, estaciones de radio, estudios de televisión, fábricas, residencias privadas, bancos, carnicerías, tiendas de sándwich, fábricas de acero y, algo que ocurrirá muy probablemente en el corto plazo, la principal compañía de cerveza venezolana. Existe una clara intención de aterrorizar a la población con el temor de que sus bienes sean confiscados por disentir o criticar al gobierno. Desde una perspectiva jurídica, existe la intención de reemplazar el concepto de propiedad privada por el de “propiedad social”, que significa: Esto pertenece a todos pero será controlado por el Estado.
A pesar del alto costo de enfrentarse a la ira de Chávez, Diego Arria no va a darse por vencido. Pasó el mes de mayo visitando a funcionarios gubernamentales y organizaciones de toda Europa, hablando sobre la confiscación de su hacienda y denunciando al régimen de Chávez. Al darse cuenta del letargo y la ignorancia en el ámbito internacional ante los abusos cometidos por el gobierno de Chávez, Arria se ha convertido en el portavoz más elocuente y tenaz de los venezolanos afectados por confiscaciones. En junio, se reunió con el Consejo de Europa, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, el Parlamento Español, e incluso la Corte Penal Internacional en la ciudad de La Haya. Como producto de las gestiones de Arria, Chávez ordenó la expropiación de otra de sus propiedades a mediados de junio: una huerta de naranjas con una superficie de 40 hectáreas. Una vez más, los empleados fueron expulsados de la propiedad. Sin inmutarse, Arria continúa en su lucha y este mes estará de visita en Canadá, México, Colombia, Chile y Brasil.
Para que la opinión mundial tome conciencia del peligro que representa, Chávez debe ser mostrado tal como es: un caudillo autoritario que pretende suprimir los derechos individuales. Esta es una descripción mucho más precisa y justa que el disfraz de héroe de los pobres o enemigo del capitalismo y el imperialismo yanqui que exhiben sus apologistas (por ejemplo, Oliver Stone en su reciente documental). Venezuela ha vivido ya 11 años bajo el gobierno de Chávez, quien ha declarado que quiere gobernar hasta el 2030. ¿Qué será de Venezuela en los próximos veinte años?
A pesar del gran afecto que tiene hacia La Carolina, Arria me dijo que sí estaría dispuesto a “regalarle” definitivamente su hacienda a Chávez, con la condición de que “se retire allí” y “nos devuelva el país y la paz a los venezolanos.”
Thor Halvorssen es presidente de la Human Rights Foundation, con sede en Nueva York, y fundador del Oslo Freedom Forum.
Lea el artículo original aquí. (inglés)
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