Valencia (REDACTA).- La organización Juventud Activa Venezuela Unida (Javu) exigió la renuncia inmediata de la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, porque ha venido violando la Constitución, al desvirtuar las pruebas presentadas por grupos ecológicos y defensores de los derechos humanos sobre la contaminación del agua de Pao Cachinche.
Julio César Rivas, coordinador nacional de (JAVU), la secretaria nacional, Lorent Gómez Saleh, y el secretario de Derechos Humanos, Manuel Linares, deploraron en un comunicado “la posición adoptada por quien se hace llamar Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, ante la alarmante e innegable situación de contaminación del mencionado reservorio de agua”.
Destacan en el documento que esa situación, que atenta contra la salud del pueblo carabobeño, ha sido reconocida inclusive por la Comisión Coordinadora Estadal Ambiental, al determinar “la presencia de parámetros no deseados de agua para uso y consumo humano”, como nitrógeno, fósforo, fosfato y DQO, que “afectan la turbiedad, color y sabor del agua potabilizada”.
A juicio de los miembros de Javu, Ramírez no cumple con lo establecido en el artículo 280 de la Carta Magna, que guarda relación estrecha con el Art. 2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, donde se establecen como deberes de la mencionada funcionaria, la defensa de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, como artículo 83 referente al derecho a la salud.
Los dirigentes juveniles que, efectivamente, la Defensora del Pueblo ha omitido las pruebas publicadas en diarios regionales que determinan la presencia de elementos contaminantes en el agua que llega a las viviendas de los valencianos, así como el derecho al disfrute de ambientes sanos y ecológicamente equilibrados (Art. 127), pues es un hecho público y notorio el estado de contaminación del Pao Cachinche.
Javu señala también la violación del artículo 274 de la Constitución que establece que “los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo, de conformidad con esta Constitución y con la ley, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado…”
Al respecto, recordaron que en febrero del 2005 se aprobaron recursos por Decreto Presidencial de Emergencia de Saneamiento del Lago de Valencia, para ampliar esa Planta TAR La Mariposa de 3000 lps a 5.200 lps, administrados por Luigina Cercio como Autoridad Única nombrada en Gaceta Oficial de igual fecha.
No obstante, transcurridos 5 años, no se sabe en qué se invirtieron esos recursos, así como los correspondientes a las ampliaciones aprobadas para las Plantas Potabilizadoras Alejo Zuloaga y Lucio Baldó, aprobados ese mismo año.
Javu cuestiona que además de haber sido desviado el Río Cabriales en aquel entonces, sin haber completado las obras de colectores de aguas residuales y acelerando la contaminación del Embalse Pao Cachinche, no se debió autorizar la ejecución de tales obras.
Finalmente, rechazaron la actitud de Gabriela Ramírez, al calificar de falsas las reiteradas denuncias hechas por Javu, pues considera que la funcionaria “desvirtúa nuestra lucha tildándola de bandera electoral, y nos amenaza con sanciones por parte de los tribunales, en lugar de cumplir con sus funciones y de investigar y estudiar las numerosas pruebas que avalan las anormales condiciones del agua del Pao Cachinche”.
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