¿Derechos civiles con represión? Una válida pregunta que hace Miguel

 

La independencia de Venezuela se desenvolvió dentro de inusitada violencia. En ese contexto era hasta "normal" que los héroes ostentaran un buen número de esclavos que eran explotados inmisericordemente. En estas horas aciagas, cuando no tenemos héroes ni el escenario de entonces, se ha instaurado un gobierno que intenta liquidar las libertades básicas para imponer un modelo de estado de control absoluto similar a la singularidad esclavista de Cuba.

Por ejemplo no se puede protestar en los eventos presidenciales. Para los adversarios se handecretado "zonas de libre expresión". La mayoría de los noticieros privados no tienen acceso a los actos oficiales. Los ataúdes que a diario salen de la morgue con víctimas de la delincuencia no pueden ser reseñados por la prensa. Son restricciones propias de Cuba, Irán o Corea del Norte. ¡Pura censura!

En la mal llamada "cuarta república", con sus altibajos, se respetaban las convenciones internacionales. Ahora no. Se encierra gente sin derecho a audiencia en roñosas cárceles como el caso de la jueza Afiuni y los comisarios sin contar aquellos que lograron salir del país. Los "nuevos patriotas" que tanto se autorregodean de revolucionarios son tan culpables de esas iniquidades como lo fueron aquellos que oprimieron a los nativos que se levantaron para fundar la República.

¿Qué no se censura la libre expresión? La incautación de los equipos y frecuencia de RCTV, el cierre de 36 emisoras de radio, la limitación del espectro radial de Unión Radio, la desaparición forzosa del circuito CNB, la confiscación de 240 frecuencias radiales en todo el país, la modificación de los parámetros operativos de Radio Vial de Aragua (103.9 FM), el acoso permanente a Globovisión, son innegables hechos de represión. Como si fuera poco, los inciertos procesos judiciales maquinados contra los accionistas de Globovisión, la sentencia de 3 años y 9 meses de cárcel así como la prohibición de ejercer su profesión al periodista Francisco Pérez; el fallo de 2 años y 6 meses de cárcel al periodista Gustavo Azócar; la prisión de Leocenis García, entre otros, indican que puede encerrarse a personas sin juicios equitativos. Pero hay más. A la ignominiosa ley RESORTE se le agregará pronto la de DELITOS MEDIÁTICOS. ¿Derechos civiles?

El estado de indefensión al que está sometido cualquier ciudadano es una verdadera vergüenza para el país. Se utiliza la policía para espiar sobre todo a los periodistas. Ciertamente todos los gobiernos recelan de los medios pero éste echa mano al expediente de "la injuria y ofensa" como delito grave para encarcelar a su antojo. Todo ha cambiado y, al parecer, no nos damos cuenta o poco nos importa hasta que tocan alguna puerta conocida. Sería necio negar casos de corrupción en los vilipendiados 40 años; sin embargo, la gran mayoría se condujo con vergüenza, lo cual permitió la conformación de generaciones bajo la ética del recato.

Venezuela era un ejemplo de democracia ante el mundo. La legislación estimulada por el bipartidismo, con todos sus defectos, benefició la libertad de acción y expresión. Hoy es común promulgar a la carrera leyes restrictivas que vulneran los derechos civiles cardinales. Se autorizan registros y equipos de escucha a capricho. Se apresa personas sólo por ser sospechosas y, como si fuera poco, se les cierra la banda al derecho de tener audiencias justas.

Los miembros de la Asamblea no leen las leyes remitidas por el Ejecutivo. Se pasan con tanta prisa que ni siquiera les da tiempo para discutir; mucho menos para deliberar. Son comunes las disposiciones que se burlan de la Constitución. Bajo esa premisa el país se acerca a la tiranía. Por ejemplo, cualquier sospechoso puede ser detenido alegando su condición de golpista o terrorista para evadir el régimen estatutario amparado por convenios internacionales suscritos por el país.

Ese entorno no refleja la conciencia propia de gobiernos con integridad moral. Todo el mundo sabe que "la orden" viene desde lo más alto. Ningún miembro del gobierno se siente obligado de rendir cuentas. ¿Se corresponde ese modelo con el de un país respetuoso de las leyes y derechos humanos? Si los ejecutantes del golpe de Estado de 1992 fallaron en su designio de acabar con la democracia, podría decirse que hoy lo hacen gradualmente con su persistente acción de desconocer los derechos civiles fundamentales.

Miguel Bahachille M.

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