La justicia tendrá una nueva excusa para no funcionar: el racionamiento eléctrico
En Venezuela, sencillamente, no hay justicia. La Constitución es un símbolo, las leyes se aplican a conveniencia y los jueces y fiscales ejecutan órdenes superiores, so pena de suspensión, destitución o encarcelamiento. No exagero en lo que digo con extremo dolor, angustia e impotencia. Enseñamos principios y normas que no se cumplen, alegamos con códigos y leyes que tienen validez para unos y no para otros, la violación de los derechos de los ciudadanos es el pan nuestro de cada día, el clamor de justicia se pierde en el vacío sin encontrar eco alguno.
En particular la justicia penal es una entelequia, la impunidad reina en más del 90% de los homicidios y los hechos de corrupción que llegan a conocimiento de los tribunales apenas alcanzan al 1% del porcentaje de los delitos denunciados.
Un proceso penal puede durar 5 o 6 años con ciudadanos privados de su libertad que bien pueden ser sentenciados a penas menores de las padecidas o resultar absueltos después de cumplida una pena que no le correspondía bajo la forma de una prisión preventiva convertida en regla y violatoria de la presunción de inocencia.
Se han creado nuevos delitos, como el de protestar públicamente o cerrar vías y cualquier expresión, exenta de calificación delictiva cuando es proferida por el jefe de Estado; se convierte en delito cuando es un ciudadano quien la pronuncia.
En definitiva, hemos creado un doble sistema legal, una doble Constitución, un doble Código Penal y unas reglas no escritas que son las que se cumplen. La ley del diferimiento, del favorecimiento de quien ejerce el poder y de la máxima sanción al juez que no acate decisiones políticas, constituyen las reglas efectivamente vigentes.
En este panorama desolador en el que no se puede hablar de derecho y de justicia, en el que se saca esposada a una juez que ha dictado una decisión en el ámbito de su competencia, condenada por anticipado a la pena máxima por el propio jefe de Estado y en el que, a petición de la Fiscalía, un tribunal penal acuerda la arbitraria reclusión de un ciudadano que reclama sus derechos, alegando su insania mental, que solo podría ser declarada por un juez civil, a solicitud de sus familiares, ahora se impone un nuevo elemento que simplemente añade una estación más al calvario de un preso: la restricción del horario de la justicia penal.
Por un traslado de un centro penitenciario, antro o depósito subhumano, se paga por lo menos un mil bolívares fuertes; los transportes no están a disposición la mayoría de las veces o lo que es insólito, pero frecuente, al preso no se le encuentra al momento de ser llamado.
Y como más reciente novedad, ahora se difieren más audiencias porque el preso no llegó a tiempo y la energía eléctrica se encuentra racionada. Por ello, su estada en prisión se prolongará, para incrementar el escandaloso porcentaje de 80% de procesados sin condena y sin juicio. La justicia ahora no solo será más ineficiente y marginal, carente de personal, de locales adecuados y de condiciones mínimas para el trabajo, sino que tendrá una nueva y real excusa para no funcionar: el racionamiento de la energía eléctrica.
Alberto Arteaga Sánchez
AAS@ARTEAGASANCHEZ. C
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