Alberto Rodríguez Barrera
En marzo de 1963 se presentó el Plan de la Nación 1963-1966, ahora sobre bases más ciertas y seguras al primero que fue presentado a la consideración del Congreso y del país. Para el Gobierno de Coalición, planificar era la palabra inevadible en el orden de la gestión estatal. Y esto era lo que se hacía por vía de la Oficina de Coordinación y Planificacíon conjuntamente con los ministerios y los institutos autónomos. No se concebía una labor administrativa responsable sin articulación y coordinación, proyectada en el tiempo.
Eran incompatibles con la idea de un Estado moderno la gestión autárquica de las distintas dependencias sin vertebrarlas dentro de una orientación que diese a todas coherencia y meta, y la estimación sólo por lapsos de doce meses y no de varios años de los objetivos a cumplir y los fines a alcanzar. Ya la planificación no era patrimonio exclusivo de los estados totalitarios, que fueron los primeros en utilizar ese instrumento de las nuevas técnicas administrativas, pero sin dejar margen alguno a la iniciativa privada y al ejercicio crítico de las gentes con vida en libertad.
Pero la planificación se hizo herramienta clave para todos los Estados modernos, y en aquellos cuya filosofía y conducta son democráticas se logró conciliar el necesario ordenamiento de la inversión fiscal, la orientación de la economía y el mejoramiento social, con respeto a la libertad. Era lo que Venezuela y nuestra democracia naciente necesitaban y requerían. Además, el Plan planteado para el cuatrienio 1963-66 respondía también al cumplimiento de un compromiso internacional, adquirido por Venezuela en la reunión de Punta del Este, en que se le dio carácter de acuerdo interamericano al Programa de Alianza para el Progreso. Ya varios países de América Latina –Venezuela entre ellos- había elaborado y presentado su respectivo Plan de la Nación.
Antes de esbozar los lineamientos fundamentales y las característica y objetivos del Plan, el Presidente Betancourt cumplió con el deber de señalar que no se trataba de un legado imperativo que su gobierno le dejaría al próximo, sino de un empeño honrado y venezolano para desbrozarle el camino al próximo Presidente, “para que lo transite en bien de la nación con menos dificultades que las que tuve yo cuando me juramenté como Presidente de la República el 13 de febrero de 1959. Pero el próximo Presidente y sus colaboradores estarán en completa libertad para modificar o alterar este plan, que se les entregará con muchos proyectos ya elaborados o elaborándose para ser puestos en inmediata ejecución y con el señalamiento de las fuentes de financiamiento interno y externo en que habrá de apelarse para ejecutarlos”.
Los aspectos esenciales del Plan de la Nación comenzaban por asegurar y acelerar para el cuatrienio 1963-66 –como objetivo fundamental- el dinamismo que venía logrando la economía venezolana. Para ello se hacía preciso el fortalecimiento y la diversificación de la fase productiva. Ante todo, se aspiraba realizar un avance definitivo hacia la solución del problema del empleo. Además, en el campo social se aspiraba, además del impacto importante de la disminución de la desocupación, a lograr un mejoramiento sustancial en la situación de la vivienda y en la distribución del ingreso, así como la consolidación de los avances logrados en la educación y la salud públicas.
El Plan preveía un incremento del producto territorial de 28.438 millones de bolívares en 1962 a 38.757 millones en 1966, o sea a una tasa anual de 8,0% durante el cuatrienio, correspondiendo esto con un incremento anual de 4,9% del producto per capita.
Serían especialmente la manufactura, con una tasa de incremento anual del 13,5%, la construcción, con 14,0%, y el sector de electricidad, gas y agua, con 18,0%, los que marcarían el paso en el progreso. Seguían la minería con 10,0% y la agricultura con 8,0%. El ritmo de incremento en este último sector dependería, por una parte, de los programas de riego y demás mejoramientos de la producción y, por la otra, del incremento previsto de la demanda interna de productos agrícolas, junto con una continuada sustitución de las importaciones por producción interna y una modesta pero creciente exportación. El Plan preveía un incremento anual del 4,0% de la producción petrolera, supuesto conservador si se lo comparaba con las tasas promedias del 7,3% y 5,0% observadas durante los períodos 1950-58 y 1958-62, respectivamente. Los sectores de servicios –transporte y comunicaciones, comercio, vivienda, otros servicios privados y gobierno- crecerían, con pequeñas diferencias entre sí, a un ritmo promedio de 6,5% anualmente.
La participación en el incremento total del producto sería del 7% para la agricultura, 12% para el petróleo y la minería, 44% para las industrias (las que comprendían la manufactura, la construcción y la generación de energía eléctrica) y 37% para los servicios, comparados con 6%, 24%, 27% y 43%, respectivamente, para el período de 1950 a 1962. Se notaba en esas cifras el fuerte crecimiento de la participación relativa de las industrias, a expensas del petróleo y la minería y de los servicios, lo que era indicativo de un cambio de rumbo hacia el desarrollo más sano y equilibrado.
Como consecuencia de las diferencias entre las tasas de incremento de los distintos sectores, se efectuarían cambios significativos en las contribuciones relativas a la generación del producto territorial bruto: las industrias incrementarían su contribución de 23,0% sobre el total de 1962 a 28,7% en 1966, con lo cual se sobrepasaría por primera vez al petróleo y la minería; la agricultura se mantendría a un nivel constante de 7,1%.
El progreso previsto, seguía informando el Presidente Betancourt, dependería no solamente del incremento de la capacidad productiva, sino también de un crecimiento adecuado de la demanda. Para alcanzar ese objetivo, la política del gobierno sería orientada hacia una mejor distribución del ingreso. Esto contribuiría a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de grandes sectores de la población de bajos ingresos, poniendo a su alcance la compra de muchos productos manufacturados que hasta entonces eran inalcanzables. Esto, a su vez, junto con el incremento del ingreso per cápita a que se hizo referencia, fortalecería en forma apreciable el poder de compra orientado hacia la demanda. En el mismo sentido se orientaría la campaña intensa que se había proyectado para mejorar la eficiencia de la producción y de la distribución en todas sus ramas, con lo que se aspiraba a obtener una baja de los costos de la producción y por consiguiente de los precios de venta. En tercer lugar contribuiría el continuado esfuerzo de sustitución de importaciones por producción interna, tanto de productos agrícolas como manufacturados, así como una creciente exportación de un número cada vez mayor de renglones.
También en el campo social se realizarían mejoramientos valiosos: créditos y construcción en materia de viviendas, el programa de la educación, el programa de aceleración de adiestramiento de mano de obra especializada y los programas en el campo de la salud pública y del desarrollo de la comunidad.
Rómulo dio especial énfasis “al problema más serio” de la economía venezolana, como era “el problema de proporcionar una suficiente oportunidad de ocupación remunerativa para la creciente fuerza de trabajo”. El Gobierno de Coalición reconocía que la vigilancia en este campo era su responsabilidad, “aún más que el de estimular la producción y guiarla en la dirección deseada”. El gobierno estaba consciente de que en el caso especial de nuestro país este problema nunca podrá solucionarse en forma satisfactoria mediante una mera aceleración de la producción. Dijo Rómulo:
“Esto se debe, obviamente, al ritmo espectacular con que se incrementa en Venezuela el producto por persona ocupada, resultado éste de las mejoras continuas en los métodos de la producción en todos los sectores y de la gradual traslación del enfoque hacia las actividades de mayor rendimiento, que si bien es beneficioso desde un punto de vista, dificulta en alto grado la solución del gravísimo problema del desempleo”.
La preocupación con este problema, obviamente, no era tratar de solucionar el problema frenando el ritmo de mejoramiento de la productividad del trabajo, ya que ello perjudicaría el mejoramiento del nivel de vida de la población. Otra dificultad derivaba del hecho de que mientras una aceleración de la producción en sí no puede solucionar el problema, tampoco puede ello solucionarse en forma definitiva sin que antes se haya alcanzado una base firme y equilibrada para la producción. Dijo Rómulo:
“Sin embargo, ahora que el proceso de reajuste en sus grandes líneas se ha terminado, es justificado dar al problema de la ocupación toda la atención que merece. Con este motivo, se han incluido en el Plan dos programas de gran envergadura que tienen como propósito específico contribuir en la medida de lo posible a la solución. Me refiero al programa de la construcción de viviendas en gran escala para las familias de bajos ingresos, y el programa de adiestramiento acelerado de mano de obra especializada…Un análisis cuidadoso enseña que, con estos dos programas, junto con la ocupación adicional que resultará, por así decirlo, espontáneamente de los incrementos proyectados de la producción en los distintos sectores, se producirá una mejora notable con la situación actual, aunque no se podrá solucionar el problema por completo en el breve lapso del cuatrienio del plan”.
El Plan de la Nación presentado ante el Congreso Nacional y el país fue expuesto para el estudio cuidadoso de expertos internacionales en las diversas áreas, quienes se reunieron con representantes venezolanos, empresarios y trabajadores, a fin de oír sus observaciones. Rómulo afirmó: “El resultado de este intercambio de opiniones permitirá contar con un instrumento orgánico para orientar el desarrollo económico-social de Venezuela y que, como lo he repetido insistentemente, no será ‘camisa de fuerza’ para el gobierno que me suceda, sino guía útil susceptible de modificaciones.”
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