Hace unos seis meses, me encontré casualmente con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. En vista de sus esfuerzos unas semanas antes por levantar la suspensión que pesa sobre Cuba en la OEA, le recordé que él había convencido a la secretaria de Estado Condoleezza Rice de que apoyara su candidatura como secretario general al prometerle que iba a insistir en que los líderes regionales no sólo debían ser elegidos, sino también que tenían que gobernar democráticamente.
Le manifesté a Insulza que sus acciones en favor de Cuba rompían esa promesa, porque Fidel Castro era un dictador que no había sido elegido por nadie. Él respondió sin convicción que Castro se había negado a participar en la OEA, de modo que el asunto estaba resuelto. Le indiqué además que su negativa a defender la democracia en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y una serie de otros países era un ejemplo de dónde no había cumplido con su palabra. Le expliqué a Insulza que habitualmente me solicitaban una opinión sobre su desempeño en la OEA y que no deseaba decir cosas a sus espaldas sin habérselas expresado de frente. “No se detenga y escriba su artículo”, respondió un poco molesto. Y por lo tanto así lo hago.
La decisión de los diplomáticos regionales el próximo mes sobre si reelegir o no al secretario general no tiene que ver con el hombre, sino que con la organización. Tiene que ver con el destino de la “solidaridad democrática”, en la cual los países se comprometen a proteger los derechos humanos respetando la democracia. En la lucha contra las dictaduras de derecha y de izquierda, los activistas democráticos han hecho frente a los abusos de todo tipo para reafirmar sus libertades fundamentales. La lucha y el espíritu de ellos están incluidos en la Carta Democrática Interamericana, que se firmó ese fatídico día del 11 de septiembre de 2001. Al declarar “Los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla”, la Carta le dio a la OEA un mandato histórico y esencial.
La semana previa a la elección de Insulza, yo estuve presente cuando él declaró a los medios en Santiago de Chile, “Un objetivo fundamental es que las autoridades elegidas democráticamente también gobiernen de un modo democrático”, agregando que “los gobiernos elegidos que no dirigen democráticamente deben responder a la OEA”. Todos esperábamos que Insulza tuviera el peso, el talento y el valor para estimular a la región a que abordara con inteligencia a los caudillos del siglo XXI en una serie de países que están concentrando el poder en manos del Ejecutivo, desmantelando las instituciones democráticas, socavando el imperio de la ley y atacando los derechos humanos fundamentales.
No se trata solamente de que Insulza no haya defendido la democracia, el imperio de la ley, la separación de los poderes y la libertad de expresión en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y una serie de otros países. Él no ha defendido a la OEA misma, como institución; se ha negado a proteger la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha permitido que los gobiernos manipulen las misiones electorales “independientes” y no ha provisto de fondos suficientes a la secretaría. Su mandato ha envalentonado a los que aspiran a ser dictadores y ha desmoralizado a los demócratas, algunos de quienes han tenido que recurrir a las huelgas de hambre con el fin de inducirlo aunque sea por vergüenza a que tome medidas.
Se podría sostener que ningún individuo es capaz de cumplir con la labor de defender la democracia y los derechos humanos contra la campaña implacable, antidemocrática que está haciendo el líder venezolano Hugo Chávez. Quizás ninguna persona en solitario puede ganar esa lucha. No obstante, el expediente de Insulza indica que él está renuente incluso a intentarlo. Evidentemente, esas dudas profundas son compartidas tanto por ex diplomáticos como por diplomáticos en ejercicio, profesionales y expertos de la Secretaría de la OEA, líderes importantes del Congreso de Estados Unidos e influyentes páginas de opinión en la prensa estadounidense. Colegas de toda la región señalan que estas inquietudes han repercutido en diversas capitales y tal vez surjan candidatos para el cargo si a los gobiernos no se les apura para que tomen la decisión.
Más que una mayoría, los chilenos reconocen la importancia de la solidaridad internacional para defender los derechos humanos y la libertad. Por lo tanto, aunque me duele ofrecer esta opinión franca sobre uno de sus compatriotas, es importante que los chilenos conscientes consideren qué está en juego en la OEA. Antes de cualquier votación en este organismo, quizás los chilenos desearán considerar si la OEA puede cumplir su misión fundamental con Insulza a la cabeza y si es beneficioso para su nación que haya un fuerte debate al respecto.
Roger Noriega
El autor, diplomático estadounidense de 2001 a 2005, es miembro visitante del American Enterprise Institute y director administrativo de Vision Americas LLC.
El Mercurio / Chile
(Exclusivo para “El Mercurio”)
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