Definitivamente con cada día que pasa el régimen va demostrando su talante dictatorial, sencillamente no soporta que el pueblo se rebele contra todo su abuso de autoridad. La Fiscal General de la Nación declaró que todo aquel que proteste será castigado, los líderes irán presos.
Dicho como hecho, el pasado Sábado 26 de agosto, 2009, los empleados de la Alcaldía Mayor ante el despojo del que han sido objeto por parte de la Asamblea Nacional, con la nueva Ley del Régimen Municipal a dos niveles, que afecta su estabilidad laboral y que puede dejar en la calle a miles de trabajadores, ejercieron su derecho a protesta y como resultado, 11 trabajadores de la Alcaldía y el Prefecto de Caracas, Richard Blanco fueron privados de su libertad. Cabe destacar que Antonio Ledezma fue legítimamente elegido como Alcalde Metropolitano y la autoridad irrita es Jacqueline Farías, nombrada a dedo por Chávez como Autoridad Única del Distrito Capital.
El Prefecto Richard Blanco fue detenido a la salida de su despacho, por 30 efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas (CICPC), en la Planta Baja de la Torre Latina, Avenida Urdaneta en el Centro de Caracas. Los policías portaban armas largas, fue tratado a empujones y golpes, cuando intentó entrar de nuevo en el edificio fue esposado. En principio fue trasladado a la División de Captura del CICPC, en donde permaneció hasta las 10.p.m. Para después llevarlo a la Brigada de Acciones Especiales, del mismo organismo.
La juez 37 de Control, Leidys Azuaje Toledo, dio la orden de detención en contra de Richard Blanco, por la presunta comisión de los delitos de Lesiones Graves e Instigación a Delinquir en perjuicio de Jonathan Bermúdez, un policía que estaba infiltrado en la marcha de protesta contra la Ley Orgánica de Educación, que al ser descubierto la gente lo quiso sacar y Blanco en forma contraria a la acusación de la que es objeto, protegía al infiltrado.
El 29 de Agosto, 2009 , tras más de seis horas de audiencia, el tribunal 37 de control de Caracas dictó medida privativa de libertad contra Richard Blanco, Prefecto de Caracas, sin tomar en cuenta las 14 fotos y dos videos que muestran la inocencia de Blanco, presentados por Negar Granados su abogado defensor.
La juez Leidys Azuaje decidió enviar al Prefecto de Caracas al Centro Nacional de Reclusión de Yare, una prisión para delincuentes comunes, con una capacidad para setecientos (700) reclusos , en la cual actualmente hay un mil cuatrocientos (1.400), es decir el doble de su capacidad. Los Fiscales del Ministerio Público le pidieron a la juez que reconsiderara. su decisión, pues debido al cargo desempeñado por Richard Blanco su reclusión en dicho centro penitenciario reviste un gran peligro para su vida. Pero aún así Blanco fue trasladado a esa prisión.
Antonio Ledezma condenó la decisión calificándola de injusta, y también expresó que el gobierno "sigue desarrollando un terrorismo de Estado". Además agregó “Hoy no se dictó únicamente una sentencia contra Richard Blanco, sino que se ha decretado una dictadura. Esta sentencia ya se conocía hace horas, esto no se cocinó en este Tribunal, este horno está instalado en el despacho presidencial desde donde se controlan las instituciones" .
Los 11 trabajadores de la Alcaldía que fueron privados de su libertad son: Carlos Lozada, Abello Álvarez, Omar Rodríguez, Gustavo Aponte, Gerardo González, Sixto Gómez, Jaer Pulido, Yumar Figueroa, Alexander Viña Figueroa y Lixido Solarte.
Los trabajadores relatan que salieron a marchar desde la Avenida Urdaneta, que la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana no les permitieron diálogo alguno, les lanzaron bombas lacrimógenas y chorros de agua y ni siquiera permitieron que una comisión entregara un documento en el Tribunal Supremo de Justicia.
Los fiscales María Fuentes, Fiscal 72° Nacional y su Auxiliar, Israel Pérez, los presentaron e imputaron por la presunta comisión de delitos tipificados en el Código Penal. Se supo que fueron recluidos en la Cárcel de La Planta, una prisión para delincuentes comunes.
Es necesario decir que bajo este gobierno todas las agresiones, abusos y arbitrariedades cometidas por las autoridades del régimen son reportadas por la Policía, la Fiscalía, los Tribunales, la Guardia Nacional, etc., como crímenes de la oposición. El mundo al revés es nuestra nueva realidad, los agredidos pasan a ser agresores por obra y gracia de la “Justicia Revolucionaria”.
(Fuentes: El Universal: Leda Piñero, Briamel González Jorge Hernández)
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