ARMAS EN MALAS MANOS

Juan Antonio Herrera Betancourt

Ya una mayoría de los venezolanos, entre ellos muchos militares, saben que todo armamento adquirido por el gobierno nacional, o mejor dicho por el Estado, tienen un certificado de origen y un certificado de uso final, lo que significa un compromiso que se adquiere con los fabricantes, de acuerdo a tratados internacionales, de que esos armamentos solo serán empleados para garantizar la integridad, independencia y soberanía de la Nación.

Ahora bien, cuando un armamento ingresa al país, después de cumplir con los requisitos legales, pasa a forma parte del Parque Nacional, controlado por la Fuerza Armada a través del Servicio de Armamento, el cual recibe las instrucciones respectivas para asignarlo a las Unidades que van a ser sus usuarios, de acuerdo con los planes estratégicos de defensa, basados en lo que establece la Constitución de la República y el estamento legal vigente.

En las Unidades de la Fuerza Armada son recibidos estos armamentos con una rigurosa documentación, donde se señala el tipo de armamento, sus características específicas, así como su serial de identificación y otras características de identificación convenidas entre el comprador y el fabricante. Lo que indica que siempre hay un estricto control legal de todo armamento o equipo adquirido para la Fuerza Armada, y además es uno de los deberes más exigentes de todo comandante de unidad o jefe de dependencia, el cuido, mantenimiento y permanente control de la existencia de los armamentos y equipos asignados a su unidad, elevando periódicamente a su comando superior informes sobre el estado de los mismos. Y permítanme informarles algo, que hasta muchos adquirientes de armas ignoran. La mayoría de fabricantes de armamentos en el mundo, cuya tradición y prestigio desean mantener, marcan las armas con señales que solo ellos conocen y que solamente pueden ser detectadas por equipos de alta tecnología que ellos solo saben su operación, para salvar su responsabilidad ante usuarios que no son los que legalmente adquirieron dichos armamentos, como ha sucedido y sucede en la actualidad.

Por eso el hecho de que un armamento adquirido por un país aparezca en otras manos, como es el caso de los lanza cohetes AT4 adquiridos por Venezuela en posesión de las FARC, reviste una gran responsabilidad ante todos los venezolanos, quienes hemos depositado la buena fe en el gobierno nacional para que haga buen uso de nuestros armamentos, mediante su custodia y mantenimiento, cuya misión recae directamente en los miembros de la Fuerza Armada, quienes son los permanentes responsables, sin la escusa de su utilización fuera de los fines de defensa, como lo establece la Constitución de la República.

Si los armamentos, a que hemos hecho referencia, fueron sustraídos de algún parque de la Fuerza Armada, se debe establecer la responsabilidad debida y aplicar la sanción severa establecida legalmente para estos casos. Y si además, estos armamentos son comercializados o entregados por razones ideológicas a otro país u organización ilícita que actúa violando uno de los más sagrados derechos humanos, como es el de la vida, esto se convierte en traición a la patria, y como tal deben ser tratados los delincuentes que así actuaron.

Lo sucedido no es para usar palabras ofensivas o altisonantes buscando la evasión de la responsabilidad o encubrir cómplices. Es necesaria una investigación muy profunda y seria para establecer las responsabilidades respectivas, sino nuestras armas están en muy malas manos.